La encrucijada

A estas alturas, el gobierno del señor Zapatero parece metido de lleno en la duda –metódica siempre, pero más en tiempos de crisis– de si apostar por el déficit público para afrontar el creciente gasto social o bien por los métodos liberales para ajustar las cuentas con la crisis. La primera vía conlleva el aumento de impuestos y la segunda –aunque hay matices en el esquema– su reducción, pero la encrucijada se complica no por eso, que es peliagudo, sino por sus efectos colaterales.
El principal de todos ellos, visto desde un gobierno que por definición pretende la permanencia, es el efecto electoral. En teoría, si apuesta por el déficit atenderá mejor a corto plazo las necesidades de los socialmente más débiles: con dinero público financiará políticas de infraestructuras buscando crear empleo y habilitará subsidios para quienes lo pierdan. Pero el dinero habrá de sacarlo de quienes lo tienen, que en general son los que trabajan, con lo que, si se pasa en la presión fiscal irritará a una parte de la sociedad y si no llega, a la otra. Ésa es la encrucijada.
La otra vía es la que defiende el incremento del consumo como motor principal de la prosperidad y el empleo. Sostiene –en un esquema simple, pero inteligible– que si se rebajan los impuestos directos, el ciudadano medio tiene mayor capacidad de gasto y de ese modo el Estado, mediante la imposición indirecta, compensa la disminución por el otro apartado. La fórmula ha funcionado tan bien que no sólo se adoptó por la derecha liberal, sino por buena parte de la izquierda socialdemócrata, y es una de las causas de la riqueza europea.
Lo malo es que esa vía lleva implícito el endeudamiento privado como elemento clave en la mecánica del consumo, y por tanto es vulnerable al vaivén del mercado. Ocurrió en Japón hace diez años, pero el aviso no se atendió y sucedió después en América, provocando un tsunami, primero financiero y después económico, que ha llevado a las grandes potencias a replantear incluso la necesidad de cambiar el modelo. Pero eso necesita tiempo, no puede hacerse con un proyecto de ley como parece creer el señor Zapatero y una política transversal –y si es posible ,consensuada– que no existe aquí.
En este punto habría que debatir si es o no lícito tomar decisiones de estrategia económica, como parece hacer el gobierno de España, por táctica de partido. Pero ésa es otra historia que habrá que retomar.
¿O no...?