Dos o tres años después de que ambas partes la dejaran por imposible, el gobierno y la oposición vuelven a hablar de la reforma del Estatuto de Galicia. La que entonces era oposición conservadora ejerce ahora el mando que antes correspondía al gobierno progresista, pero el problema sigue siendo el mismo. Estén donde estén, no hay quien los ponga de acuerdo.
El autor de la propuesta es en esta ocasión el nuevo líder del partido socialdemócrata, Manuel Vázquez, que incluso ha fijado el mes de septiembre para reanudar el debate a efectos de “equiparar” los poderes de Galicia con los de los otros reinos “históricos”. Ágil de reflejos, su homólogo del partido conservador Alfonso Rueda aceptó el desafío a las pocas horas; matizando, eso sí, que será el Gobierno autónomo el que presente “en su momento” un proyecto sobre el que discutir.
No deja de ser un paso adelante, por más que el acuerdo siga pareciendo tan arduo e improbable hoy como cuando se rompieron las negociaciones años atrás. A lo más que llegaron el entonces presidente Touriño y su actual sucesor Feijoo fue a convenir que Galicia ostentase el mismo rango que los reinos autónomos de pata negra, si bien con una “fórmula propia”. Más o menos se trataba de definir a Galicia como nación, pero sin llamarla exactamente así: y atascados en ese jeroglífico se comprende que no pudiesen ir más allá del nombre de la cosa.
Si ni siquiera es factible alcanzar un acuerdo sobre la denominación de origen de Galicia –el sujeto y objeto del Estatuto-, nada cuesta deducir lo complicado que resultará aprobar por consenso el resto del articulado de la nueva carta autonómica.
Más aún si se tiene en cuenta lo alto que han puesto el listón en sus Estatutos las comunidades que ya procedieron a reformarlos. Cataluña ha patentado el término de “nación”, Andalucía el más perifrástico de “realidad nacional” y Canarias el de “Archipiélago atlántico”, de tal modo que ya van quedando pocas definiciones disponibles. Aunque alguna hay, naturalmente.
Este módico cronista propuso en su día –sin particular éxito- el título de “Confederación Céltica” para identificar y darle mayor lustre en su Estatuto a este viejo reino conocido hasta ahora por el lacónico nombre de Galicia. La nueva y acaso novedosa denominación de origen está inspirada en Suiza, país que además de sus históricos vínculos con los gallegos por la vía de la emigración, tiene como nombre oficial el de Confederación Helvética.
Pero no sólo se trata de una cuestión nominal. Además de la posible denominación, Suiza y Galicia comparten muchos otros aspectos acaso provechosos para la redacción del Estatuto. Si la Confederación Helvética se estructura en cantones, también en Galicia existe una fuerte tradición al respecto que incluso se refleja en su callejero. Ahí están, sin ir más lejos, los famosos Cantones de A Coruña o el Cantón do Toural en Santiago.
Tal vez resultase exagerado establecer una administración de tipo cantonal para Galicia en el nuevo Estatuto; pero no parece en modo alguno insensato dotar a las parroquias de personalidad jurídica, dar algún papel a las comarcas y organizar las áreas metropolitanas que ya existen de hecho aunque no de derecho en este cada vez más urbanizado territorio. Infelizmente, eso obligaría a reconsiderar la función de las diputaciones: entes algo gaseosos pero muy útiles para la captación de votos a las que ningún partido quiera probablemente renunciar.
El nombre de la cosa –es decir: de Galicia– aún se podría arreglar con algo de ingenio. Lo malo es que después de acordado eso en el preámbulo, todavía habrá que lidiar con cerca de un centenar de artículos en el declarado y difícil propósito de que este reino tenga el mismo poderío estatutario que los demás. No deberían preocuparse tanto los políticos gallegos. A fin de cuentas, el papel aguanta lo que le pongan.
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