Hará cosa de unos días escribí un artículo en el que comentaba, dolorosamente, la muerte de un cuñado mío, tras una operación quirúrgica en una clínica privada. A propósito de ello hice una serie de consideraciones sobre la calidad de la atención sanitaria en España, y llegaba a la conclusión de que, para cierto tipo de cirugía, digamos menor, se puede acudir a un sanatorio privado con cierto margen de confianza, pero para resolver asuntos de mayor entidad o complicación hay que recurrir a los hospitales públicos. Una evidencia que no está basada en una apreciación particular, sino en unos datos suficientemente contrastados, ya que la propia OMS sitúa a nuestro país entre los cuatro primeros del mundo por el nivel de eficiencia de su red asistencial. Ahora, ocurre en Madrid el caso trágico del bebé marroquí que falleció en el hospital Gregorio Marañón por el error de una enfermera advenediza (era su primer día de trabajo en la Unidad de Neonatología) al administrarle alimentación enteral por vía intravenosa en vez de por vía nasogástrica, y en algunos medios se ha propiciado una polémica sobre las deficiencias del sistema sanitario público, que en Madrid, como en el resto de España, esta transferido a las comunidades autónomas. Por supuesto, un caso —o varios— de mala práctica, dentro de unos márgenes de error tolerables, no contradice la regla general, pero sí debe ponernos en alerta sobre la amenaza de que un servicio público esencial comience a deteriorarse gravemente. La Comunidad de Madrid se apresuró a reconocer el "fallo terrorífico" de la enfermera, condenándola de antemano, pero se olvida de implicar en la misma responsabilidad a un estilo de organización del trabajo que, amén de favorecer la gestión privada de los hospitales públicos, propicia plantillas insuficientes, rotaciones y sustituciones temerarias, movilizaciones forzosas y, en definitiva, presión asistencial agotadora. En toda esta polémica hubo, como de costumbre, mucha demagogia. Un periódico, favorable a las tesis políticas ultraliberales de doña Esperanza Aguirre, llegó a publicar destacadamente en primera plana que la muerte del bebé marroquí se hubiera podido evitar de haberse instalado a tiempo un sistema especial de alerta que ya estaba adquirido. Y el Rey de Marruecos, que tanto se preocupa por la salud de sus súbditos, se ofreció a trasladarlo y a enterrarlo a sus expensas. Este periódico es el mismo que calificaba casi de asesinatos planificados las sedaciones administradas en el hospital público de Leganés, y calificaba al doctor Montes de "doctor muerte" dentro de una campaña de desprestigio contra la sanidad pública, favorecida desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Conviene tener algo de memoria.