Coinciden no sin razón la Xunta y el Gobierno en que el reparto de dinero entre las autonomías no debe atender únicamente a lo más o menos pobladas que estén, pero tampoco es menos verdad que en este caso el tamaño (demográfico) sí importa. Prueba de ello es que Galicia, el quinto reino autónomo de España por su volumen de población, ocupa también ese puesto en casi todas las demás clasificaciones. Salvo en la de riqueza, claro está.
Justo parece que el presidente Feijóo y el ministro Chaves quisieran añadir ayer a la variable de población otras no menos importantes como la creciente vejez de los paisanos, la diseminación de las viviendas, la emigración e incluso la lengua propia, que algún gasto adicional conlleva. De ser tenidos en cuenta esos factores a la hora de repartir la piñata, no hay duda de que la anciana y dispersa Galicia obtendría un plus que su estancado censo no le da.
Ahora bien: la tozuda realidad de los números sugiere que la población sigue siendo el factor determinante a casi todos los efectos, por más que en ese rubro los gallegos llevemos todas las de perder. Quiere decirse que a menos gente hay menos electores y por tanto menor influencia en las decisiones de orden financiero que pueda tomar cualquier gobierno español: tanto da si conservador o progresista.
Más que de segundona, Galicia tiene en este aspecto vocación de quinta. No por casualidad este viejo reino está situado más o menos en el quinto pino del mapa.
Si quintos somos en población, no ha de sorprender que también el destino nos reserve ese lugar en casi cualquier otro ranking de la Península. Basta en efecto un somero repaso a las noticias de los últimos meses –y de los que vendrán- para deducir que nuestro número de la Cábala es el cinco.
Consideremos, por ejemplo, el ramo de la economía. Los datos sugieren ahí que Galicia es la quinta comunidad más endeudada de España y también la quinta por su volumen de consumo en términos absolutos, aunque si la cifra se mide en términos de gasto por habitante, los gallegos caemos ya al decimotercer puesto de la lista. Quintos somos igualmente por lo que toca a la siniestralidad laboral, con un total de más de 39.000 accidentes de trabajo anuales sólo superados por los guarismos de la industriosa Cataluña, Andalucía, Valencia y Madrid. Las mismas que, por cierto, nos superan en población.
Otro tanto ocurre con los asuntos de tipo social. Galicia ocupa el quinto lugar, como de costumbre, entre las autonomías que más dinero reciben del Estado para atender a los dependientes: y ello a pesar de que la elevada edad media del país y sus paisanos debiera situarla en puestos más meritorios. Por la misma razón censal, no extrañará en absoluto que este reino sea el quinto en número de delitos y de condenados, a la vez que en proporción de jueces por cada cien mil habitantes. Quintos somos en nivel de producción científica, con una cuota de sabiduría e innovación equivalente al ocho por ciento del total de España. E incluso en aspectos menos gratos como los que atañen al número de prostitutas y locales de alterne, Galicia se sitúa igualmente en ese invariable quinto puesto dentro de la clasificación autonómica de la Península.
Tan fatigosa reiteración en el mismo lugar del ranking no puede ser en modo alguno una simple coincidencia derivada del azar. La lógica invita a pensar, por el contrario, que ese tenaz quinto lugar reservado a Galicia en la lista general de autonomías obedece al hecho de que su censo de habitantes sea también el quinto más numeroso de España. Digan lo que digan, el tamaño (de la población) sí que importa a efectos de exigir más cupo de dinero en la rebatiña de los fondos que el Estado destina a sus reinos autónomos. Un reparto en el que a este país del quinto pino le ha tocado, lógicamente, el quinto lugar del banquete. Y gracias si no bajamos.
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