Primero nos prejubilan y ahora nos posjubilan

Tras prejubilar alegremente a buena parte de su plantilla, las cajas de ahorros –y el resto de bancos, se supone- recomiendan ahora al Estado que aumente la edad de retiro desde los 65 a los 70. Hacen una cosa y dicen la otra, pero no por ello incurren en contradicción alguna. Tan sólo se acogen al viejo refranero español que entre sus máximas incluye aquella que reza famosamente: "Consejos vendo y para mí no tengo".
Alegan los jerarcas de la banca popular que la esperanza de vida de los españoles ha crecido hasta los 82 años, circunstancia que al parecer permitiría exprimir sus capacidades laborales un quinquenio más.
El argumento está muy bien traído, si bien se ignora la razón por la cual se dedicaron a hacer justamente lo contrario durante la última década. Lejos de dilatar la jubilación de sus empleados –como ahora proponen-, las entidades bancarias optaron por darle puerta a los cincuentones que estaban en el cenit de su madurez y experiencia profesional. Tal vez quisieran ahorrarse trienios y derechos de antigüedad rejuveneciendo su nómina con mileuristas de bajo coste, pero esta no deja de ser una hipótesis malvada y acaso carente de fundamento.
Como quiera que sea, parece obvio que la singular propuesta de posjubilación viene dictada por las exigencias de Don Dinero, el Poderoso Caballero a quien Quevedo atribuía iguales o mayores potestades que las del Altísimo.
Es lógico. Con cuatro millones de parados y cada vez menos cotizantes a la Seguridad Social, el actual sistema de pensiones corre cierto riesgo de caer en la bancarrota como un club de fútbol cualquiera. Para prevenir esa inimaginable ruina, el remedio sugerido por la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) parece de lo más efectivo. Si se retrasa el cobro de la pensión hasta los setenta, crecerán exponencialmente las probabilidades de que su perceptor muera antes de cobrarla, con el enorme ahorro que tan luctuosa circunstancia supondría para la Seguridad Social.
Cierto es que la mejora de las condiciones de vida y la excelente conservación de los gallegos en alcohol podría dilatar más allá de los setenta y hasta los ochenta años la existencia de muchos pensionistas. Pero aun en esa menos fúnebre hipótesis, la prórroga de cinco años que los cerebros de FUNCAS proponen para la jubilación permitiría hacer grandes economías al tesoro público del Estado. Además de no cobrar subsidio, las víctimas del aplazamiento seguirían contribuyendo a que engordase el producto interior bruto y a generar impuestos de los que tan necesitado anda últimamente el Gobierno.
Choca un tanto, si acaso, que los amos de las finanzas sugieran ampliar hasta los 70 años la jubilación de los españoles cuando es bien sabido que ni siquiera se cumple el actual máximo de 65. La edad media de retiro en España anda por los 62 años, gracias en parte a los rejuvenecimientos de plantilla que la propia banca impulsó durante los últimos años mediante la generalización de las jubilaciones anticipadas.
Sorprende aún más que el sistema ponga trabas a la continuidad en sus puestos de aquellos profesionales –investigadores, docentes, médicos- que a los 65 años están en el mejor momento de su carrera y acaso pudieran contribuir con una suma de sabiduría y experiencia a la mejora del nivel de la sociedad. Verdad es que en tales casos se acude a las figuras del profesor o el médico emérito para vadear las dificultades burocráticas, pero sería más razonable darles la opción de seguir ejerciendo o no su cometido sin más trámites.
Más que en alargar por decreto el plazo de jubilación de los trabajadores en general, la cuestión reside –como siempre- en poder elegir. Y salvo que uno haya entendido mal, no es esa exactamente la propuesta de las cajas que, después de prejubilar a los suyos, ahora quieren posjubilarnos a todos. Éste es un país de extremos.
anxel@arrakis.es