Uno de los datos más llamativos de cuantos se relacionan con la fea jornada de ayer en la huelga pontevedresa del metal fue la afirmación del señor delegado del Gobierno atribuyendo la autoría de los ataques contra bienes -muebles e inmuebles- de empresarios a "grupos minoritarios" Lo que en principio descarta otras hipótesis, algunas manejadas -y no parece que desde los nervios- por un sector de la patronal.
Queda dicho lo de la sorpresa en un doble sentido. El primero porque, dada la rapidez en la valoración por parte del señor Louro, da la impresión de que manejaba información suficiente sobre la autoría de los ataques. El segundo porque, a pesar de ser eso lo normal dado el cargo que ostenta don Antón, no se entiende del todo bien que, detectados los violentos, puedan andar por ahí y, encima -a juzgar por lo ocurrido- como si tal cosa.
En este punto procede dejar claros varios conceptos. El principal, que no se defienden ni las detenciones preventivas ni la restricción de derechos, pero sí la aplicación, caso de ser necesario -y en Vigo ya lo es-, de las normas que definen el orden público en un Estado de Derecho. El segundo, que no se ha de limitar a la presencia policial en las calles o en dependencias amenazadas: hay otros poderes, aparte el ejecutivo, que hasta ahora no se han movido, aunque resulte inexplicable, y pese a que muchos le reclaman que deben hacerlo ya.
Así las cosas, existe una evidencia: que el conflicto está en manos de las partes duras de los dos bandos, patronal y sindicatos, y que eso sólo augura más margen para que los violentos se crezcan en su convicción, obviamente equivocada, de ser "los defensores de los intereses de la clase obrera" que actúan por su cuenta y riesgo al margen de lo que opinen o deseen los defendidos. Y ese es un factor que los convierte, no en paladines, sino más bien en usurpadores de voluntades.
Quedó dicho hace ya unos pocos días que este conflicto del metal tiene, a diferencia de otros muy parecidos -e históricos, sobre todo en Vigo- una característica nueva: ser una especie de ensayo general de otros para reivindicaciones clásicas en el contexto de una crisis sin precedentes. Pero hay que añadirle otra: la CIG, sindicato más votado en el sector, lidera sin titubeos esta movilización como otras -ayer mismo la tractorada láctea- y para muchos observadores lo hace en clave de oposición política casi en nombre y representación del BNG, que no gana para derrotas electorales.
¿Eh...?