Editorial

El conflicto del metal en Vigo se ha convertido ya en una seria amenaza para la economía gallega. Tras ocho días de huelga, el corazón industrial de Galicia, la factoría de Citroën, se ha visto obligada a dejar de producir 400 coches por el bloqueo de los huelguistas a sus instalaciones y ha tenido que suspender un turno de noche ante la falta de suministros. La búsqueda de una solución negociada, que parecía próxima después de tres maratonianas jornadas negociadoras, saltó por los aires el pasado jueves. El fracaso obliga ahora a trabajadores, empresarios y a la propia Xunta, en su responsabilidad de mediadora, a redoblar los esfuerzos para alcanzar un arreglo definitivo.
Decíamos en este mismo espacio editorial, hace justo una semana, que Vigo y Galicia ni pueden ni deben seguir ofreciendo una imagen tan distorsionada de su realidad laboral como la que se está viendo estos días. El riesgo de ahuyentar inversiones y echar al traste proyectos industriales en marcha es demasiado grande. Por muy justas que sean las posturas de las partes en conflicto, tienen la obligación inexcusable de volver a la mesa de negociación ya mismo y de hacerlo, además, con el compromiso de no levantarse hasta alcanzar un acuerdo que devuelva la estabilidad a un sector que, como tantas veces se ha dicho y no está de más repetir ahora, es el motor industrial de Vigo y de toda Galicia.
La advertencia de la multinacional Citroën sobre el riesgo que corren sus proyectos de futuro de persistir la conflictividad actual es por sí solo, al margen de cualquier otra consecuencia grave de la huelga, un elemento determinante para actuar con prontitud y responsabilidad. Cuando los gigantes del automóvil de Estados Unidos se desmoronan como un castillo de naipes y decenas de fábricas de coches cierran en todo el mundo con la consiguiente destrucción masiva de empleos, nadie en su sano juicio puede pensar que el aviso lanzado por los responsables de la planta de Balaídos es mera bravuconería. Episodios como los vividos estos días constituyen un serio obstáculo para los esfuerzos de los directivos de la planta viguesa por lograr que la cúpula francesa de la multinacional se comprometa con un nuevo proyecto industrial que garantice el futuro de su factoría en Galicia.
Y lo mismo ocurre con los astilleros de nuestras rías, que supieron resurgir de sus cenizas gracias a la capacidad emprendedora de sus empresarios y a la cualificación y entrega de sus trabajadores. No está de más recordar que en Vigo se construye el 50% de la producción naval privada de España, y en Galicia el 50% de la construcción naval civil y militar. Es mucho lo logrado durante los últimos años como para ponerlo ahora en entredicho por un convenio colectivo. Nadie en Galicia puede permitirse por más tiempo una huelga como ésta en un contexto de recesión económica como el actual. Nadie.