La vuelta a las barricadas no es la solución

Vigo ha sido escenario estos días de actos vandálicos y violentos enfrentamientos entre huelguistas del metal y Fuerzas de Seguridad con motivo de las protestas de los trabajadores del sector por la marcha de la negociación del nuevo convenio laboral. Los trabajadores acusan a los agentes del orden de haberse excedido en la represión de las movilizaciones y los responsables de aquéllos aseguran que los huelguistas recurrieron a una violencia extrema que puso en peligro la seguridad de los transeúntes. El resultado es una veintena de heridos y una ciudad sumida en el caos, con barricadas, carreteras cortadas, mobiliario urbano destruido, un autobús del transporte público incendiado... Pero, con ser cuantiosos e inaceptables tanto los daños causados a las personas como los materiales, el mayor daño se ha hecho a la imagen de Vigo como pujante centro industrial y a los propios vigueses, muchos de ellos convertidos involuntaria e injustamente en las verdaderas víctimas de lo ocurrido.
La conflictividad laboral ha sido vista tradicionalmente desde fuera como una seña de identidad de Vigo y su comarca. La reconversión industrial, particularmente dura en la provincia, acentuó esa mala imagen, que ahuyentaba las inversiones. Ahora, cuando Vigo había comenzado a sacudirse el estigma que la marcaba como un territorio conflictivo laboralmente, se reproducen episodios que trasladan fuera de Galicia una idea falsa del valor laboral y social de esta comarca. Y esa imagen distorsionada es extremadamente grave para los intereses de todos los vigueses. Estamos en una economía globalizada como nunca antes se dio en la historia, en donde cada vez es más fácil desplazar pedidos y fábricas. Soslayar a estas alturas ese hecho es, sencillamente, vivir de espaldas al mundo. Y lo que en toda España y en muchos lugares del mundo se ha visto estos días es esa imagen distorsionada de la realidad laboral de Vigo y su comarca.
Los sindicatos, y los trabajadores que les respaldan, están en su legítimo derecho a defender sus intereses, pero no a cualquier precio. "Las huelgas hieren a las dos partes", decían en tiempos más difíciles los viejos sindicalistas, que sabían muy bien el coste que afrontaban cuando se decidían a adoptar una medida de presión que siempre era considerada el último recurso. Nadie debe poner en tela de juicio la legitimidad de las organizaciones sindicales, que, como las asociaciones empresariales, son instituciones fundamentales en el actual sistema político español y como tales están recogidos en el artículo 7 de la Constitución, dentro del Título Preliminar, precisamente el que describe los cimientos en que aquél se basa. Pero ni unos ni otros cumplirán adecuadamente sus objetivos si no adaptan su comportamiento a las características de cada época, teniendo siempre presente que un fin irrenunciable del sistema democrático es garantizar la defensa de los intereses particulares dentro de un marco que haga prevalecer los generales.
Por eso, porque los intereses generales se han visto pisoteados, y porque España avanza hacia los cinco millones de parados y ya hay millón y medio que no cobran ninguna prestación, la inmensa mayoría de los vigueses no son capaces de entender que se haya producido un conflicto de estas características por la negociación de un convenio colectivo.
Nos gusta decir y oír que Vigo y su área de influencia son el corazón industrial de Galicia, pero tal parece que nos hemos olvidado de que los corazones que no se cuidan acaban infartando. En nada contribuye a conservarlo como es debido atizar el fuego de la tensión laboral. ¿Queremos convertir esta tierra en un desierto empresarial? La respuesta es obvia, y por ello no queda más camino que apelar a la sensatez de los agentes sociales, a la negociación y el entendimiento.
Ni los trabajadores deben ver en este planteamiento una merma de sus derechos ni los empresarios pueden considerar que una actitud colaboradora y comprensiva de sus empleados les da vía libre para imponer lo que quieran. Ni los primeros pueden supeditar su acción a situaciones coyunturales, como unas elecciones sindicales, por ejemplo, ni los segundos condicionar su posición negociadora a supuestas estrategias nacionales, en el caso de que existan. En este complejo puzle en el que tanto nos jugamos todos, la Xunta también tiene su responsabilidad. Autogobierno no es tener muchas competencias, sino ejercerlas bien al servicio de los ciudadanos. Una de ellas es la de mediación es casos como el que nos ocupa. Y responsabilidad es someter los intereses particulares a los generales con la colaboración sincera de todas las partes implicadas.
La actual recesión, la más profunda desde la II Guerra Mundial, va a cambiar muchas cosas, como muchas cambiaron ya desde que los obreros atacaban a las máquinas en los inicios del asociacionismo proletario. La solución no está en echarse a las barricadas. Está en nuestra capacidad de trabajo, en nuestro espíritu emprendedor, en nuestra apuesta por una economía versátil que se adapte a las circunstancias. Los vigueses, que son gente laboriosa y excelentes profesionales, que históricamente en momentos difíciles han dado pruebas de abnegación y que ya han pasado por una durísima reconversión industrial aún reciente, tienen razones para entenderlo mejor que nadie.