El defensor

Pues la verdad es que, dicho con el mayor de los respetos para la institución, uno de los datos que más extraña en lo que al informe del Valedor do Pobo respecta, es que alguien se sorprenda por su contenido. Y es que, aparte unos cuantos matices, es cada año muy parecido al del anterior y se podría resumir en pocas líneas: quejas de los ciudadanos para con el funcionamiento de las Administraciones, especialmente las que más utilizadas son por la gente corriente.
Este año, y a juzgar por lo que dijo ayer el señor Valedor, no ha sido diferente: los gallegos protestan por que creen que desde lo público se les maltrata, y entienden por tal no sólo lo que es propio del concepto, sino también lo derivado, como el retraso y el modo en que se prestan servicios básicos. Sobre todo, y ahí esta el informe de don Benigno López, en gran parte de lo que se refiere a la salud pública en general y en particular al instrumento que ha de garantizarlo, que es el Sergas.
Dicho eso, y si se le añade referencia explícita a las quejas por el atasco judicial o la actuación de bastantes concellos, podría repetirse aquello de "lo de siempre". Si acaso con una excepción: en el informe de este año destaca el malestar de la gente por la deficiente aplicación de la Ley de Dependencia, la tan alabada "cuarta pata" del Estado del Bienestar, pero que lleva tanto retraso que provoca una aguda cojera en el caminar de la parte social que la esperaba como un maná.
Y hay otro elemento también muy llamativo: la denuncia de que a pesar de que las quejas fueron tramitadas y remitidas a quien las provocó, que fue la Administración autonómica en general y en particular su área de política social, el efecto que se esperaba ha sido nulo. Cierto que el Estado tiene mucho que ver en los defectos -porque no ha provisto lo que debería- pero al Valedor le corresponde lo que le corresponde, y por lo que se ve, y lo que se lee, no hizo sus deberes.
En este punto, cabe otra reflexión: si el Valedor, en este informe, detecta lo de casi siempre y denuncia lo habitual -salvo los matices expuestos- parece obvio que su eficacia es más que discutible y, por tanto, su utilidad para los ciudadanos a los que ha de defender resulta al menos cuestionable.
Y no se trata de descalificar a la institución: sólo de insistir en que quizá necesite algunos retoques de forma que cumpla mejor todo lo que de ella se espera. Y si lo hiciera, sin duda, auparía el nivel de vida de la sociedad a la que ha de servir.
¿Eh...?