crónicas galantes

La paridad y las paridas

Ánxel Vence

 

Apenas constituido, la oposición acaba de pillar ya en falta al nuevo Gobierno de Galicia que, en opinión del diputado Xaquín Leiceaga, incumple la Ley de Igualdad en el Trabajo por no contar con al menos un 40 por ciento de mujeres. De ello se deduce la algo asombrosa conclusión de que los gobernantes y políticos en general son trabajadores o simplemente trabajan, puesto que la ley infringida es de orden laboral. Una opinión que contrasta con la que acaso injustamente sostiene buena parte de la ciudadanía.

Sea pertinente o no el argumento esgrimido por Leiceaga para reputar de “inválida” a la nueva Xunta, lo cierto es que las leyes de paridad son a menudo simples paridas que en la práctica sólo garantizan la igualación entre las gentes que ya disfrutan de privilegios por motivo de su cargo.

El anterior gobierno bipartito, por ejemplo, mantuvo un exquisito equilibrio aritmético entre el número de hombres y mujeres que lo formaban mediante el equitativo reparto chico/chica de las consellerías disponibles. Ahora bien, la balanza no tardó en desequilibrarse a favor de los hombres tan pronto hubo que cubrir los siguientes escalones del Ejecutivo. Tanto es así, que de los primeros veinticinco directores generales, nada menos que veintitrés eran caballeros por sólo dos damas.

Es lógico. Otro tanto ocurre en los demás aspectos de la vida ciudadana de este país donde la igualdad entre hombres y mujeres es –paradójicamente– un privilegio exclusivo de los gobiernos y las gentes situadas en la parte alta de la pirámide social. A medida que se desciende hacia la base, las desigualdades se hacen manifiestas cuando no decididamente sangrantes.

Baste observar el ejemplo de la supuestamente matriarcal Galicia, país en el que la proporción de mujeres trabajadoras excede con holgura a la media de España. Incluso en este femenino reino, las asalariadas perciben un 27 por ciento menos de retribución que sus compañeros varones, si las estadísticas oficiales no mienten. Pueden y hasta deben ser conselleiras por ley (lo que a lo sumo beneficiará a cinco o seis personas); pero a cambio no hay medida gubernamental alguna que garantice a cientos de miles de trabajadoras el cobro del mismo sueldo que sus compañeros varones.

Lo que de verdad importa es que la igualdad más o menos forzada se produzca en las elitistas áreas del poder. Y no sólo en Galicia, claro está. Prueba de ello es que el único motivo que la autodenominada izquierda española encontró para reformar la Constitución –tan necesitada de otros arreglos– fue la necesidad de que las hijas y los hijos de los reyes puedan acceder en pie de igualdad al trono. Objetarán algunos que ese derecho está reservado legalmente a algunos miembros de la familia Borbón, pero tampoco vamos a entrar ahora en profundidades. Si el Parlamento reconociese el derecho de cualquier español de no importa qué familia a ocupar la más alta magistratura del Estado, España devendría en República: y eso sí que exigiría una reforma constitucional en toda regla y no una simple parida en nombre de la paridad.

Infelizmente, la tan mentada paridad sólo tiene aplicación en los mundos de Yupi de la política, donde se tira con pólvora del rey y la igualación es absoluta entre hombres y mujeres a la hora de cobrar retribuciones en general sustanciosas. En la vida real, los magros números de la nómina delatan por el contrario que la igualdad sexual no pasa de ser uno de esos cuentos con los que los gerifaltes suelen acariciar el oído a sus súbditos.

Pamplinas, en cualquier caso. Gracias a la feliz iniciativa de un diputado hemos caído por fin en la cuenta de que el auténtico problema de Galicia no es la crisis, ni el paro, ni aun la perspectiva de una Gran Depresión a la americana, sino la falta del suficiente número de conselleiras en la Xunta. Da gusto tener representantes extraterrestres en el Parlamento.

anxel@arrakis.es

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