Gobierno versus jueces

Antonio Casado

30.12.2008 | 00:00

En su rueda de prensa posnavideña, el presidente del Gobierno no se anduvo por las ramas a la hora de expresar su contrariedad por la sanción impuesta por el Consejo General del Poder Judicial al juez Tirado. A Moncloa le parece escasa. Por eso Rodríguez Zapatero se mostró decepcionado, en total sintonía con la decepción del padre de Mari Luz Cortés.
Amén de adelantar que el Gobierno se propone reformar el reglamento penitenciario de los jueces y apoyar el recurso del fiscal contra la referida sanción (1.500 euros de multa al juez Tirado por una falta "grave", en lugar de "muy grave"), Zapatero pronunció una frase que permite maliciarse un cálculo electoral de Moncloa en su guerra con los jueces.
Esta es la frase: "El Gobierno cree que interpreta la voluntad de los ciudadanos". Se refiere, evidentemente, al rasgado de vestiduras por una sanción que se considera poco ejemplar. O sea, escasa. Algo que conecta, por supuesto, con la sensibilidad herida de los millones de ciudadanos que lloraron la muerte de Mari Luz porque su asesino estaba libre cuando debía estar en la cárcel, de no haber sido por la desidia de un juez y una secretaria judicial.
Todo eso se produjo en un contexto poco conocido para el ciudadano medio. Pero no para el Gobierno, aunque ahora haga como si lo desconociera porque ha decidido invertir políticamente en este conflicto. El plante laboral previsto por los profesionales de la Judicatura para la segunda quincena de febrero cae en vísperas electorales (Galicia, País Vasco, Europa) y esa es la clave del enfrentamiento.
El Gobierno toma partido por las tesis del padre de Mari Luz, apoyado por la inmensa mayoría de los españoles, mientras que los jueces aprovechan el caso precisamente para reclamar los medios que desde hace décadas viene pidiendo a gritos nuestra obsoleta Administración de Justicia.
Por un lado, la causa de la niña Mari Luz (castigo ejemplar para el juez Tirado). Por otro, la modernización pendiente de la Justicia (algo parecido a una huelga, prevista para el 18 de febrero). En el proceso de intenciones es fácil decidir de qué lado cae la asignación del populismo como elemento de convicción. El Gobierno podía haber aunado las dos causas y explicarlas a la opinión pública sin caer en la demagogia, pues las dos son respetables. Pero no lo ha hecho. Ha preferido apostar por una e ignorar la otra.
Más allá de la retórica o la oportunidad de la rebelión judicial ("No es el momento de huelgas, la sociedad no lo entendería", dice la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo), el Gobierno mira hacia otro lado respecto al problema de fondo: lograr que el Poder Ejecutivo ponga remedio de una vez por todas a la indigencia de medios en la tarea de administrar justicia.

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