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A Galicia no le sirve cualquier financiación

Editorial

 

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha puesto manos a la obra para tratar de aplacar la indignación que ha originado en comunidades autónomas de distinto signo el secretismo de su reunión con Montilla para dar una salida a las exigencias de Cataluña y su nuevo Estatuto respecto al futuro modelo de financiación. Las urgencias de esa negociación, consecuencia de la presión del tripartito catalán, han provocado temores justificados en otros gobiernos autonómicos, entre ellos el de la Xunta, al saberse ya que el nuevo modelo asumirá parte de la filosofía defendida por Cataluña, en concreto aquella que aboga por limitar las aportaciones a las comunidades de rentas más bajas para aumentarlas en aquellas con más población y que más contribuyan fiscalmente a la arcas del Estado.
El desembarco masivo de presidentes autonómicos en Moncloa en plenas fechas navideñas responde al doble objetivo de frenar ese malestar generado, que llega incluso a sectores del partido socialista, y evitar que la nueva financiación sea vista como el fruto de un acuerdo bilateral con Cataluña, es decir, como una imposición para el resto de comunidades.
El jefe del Ejecutivo ha prometido aumentar el dinero a repartir para que todas las comunidades reciban más que ahora. Los criterios generales en que se basará el nuevo reparto siguen sin ser concretados, pero han ido produciéndose gestos y reacciones que permiten intuir qué rumbo seguirán. La euforia mostrada por la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, al término de su reunión con Rodríguez Zapatero es más que significativa. Aguirre recibió garantías de que el criterio de población primará en el reparto, lo cual beneficia a comunidades como Cataluña, Andalucía, Madrid o Valencia y perjudica a aquellas que menos incrementos de población han experimentado, como es el caso de Galicia, Extremadura, Asturias o Castilla y León. De ahí la lógica del llamado frente del Noroeste, con el que estas comunidades querían unir fuerzas para defender mejor sus intereses comunes.
Galicia saldrá mal parada si al final prima sobre todo el criterio de población. Ocupamos el último puesto de las autonomías en crecimiento demográfico y figuramos entre las regiones europeas más envejecidas. La propia UE ya ha alertado de que esta combinación supondrá a corto y medio plazo un lastre brutal que hipotecará nuestro crecimiento y agrandará los gastos sociales y sanitarios hasta límites insospechados. Por eso Galicia debe exigir baremos correctores al predominante criterio del número de habitantes. Porque no cuesta lo mismo atender a una población envejecida y dispersa que otra de igual magnitud pero joven y agrupada en un casco urbano. Y de lo que se trata no es de recibir más dinero que antes o más que ésta o aquélla autonomía, sino de garantizar recursos suficientes para que la administración autonómica pueda prestar a los ciudadanos los servicios a que tienen derecho. La Ley de Dependencia, una norma tan bien intencionada como mal dotada económicamente, es un buen ejemplo de lo pernicioso que puede resultar para una autonomía la continua trasferencia de servicios y competencias si éstas no van acompañadas de líneas de financiación realistas y estables.
El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, se mostró esperanzado tras su encuentro con Zapatero en la Moncloa. Sin duda fue el más optimista de los presidentes agrupados en ese hipotético frente Noroeste. Quizá porque él tiene la posibilidad de que entre los criterios para fijar la financiación se incluya un elemento con el cual no cuentan las comunidades aliadas: ponderar como factor diferencial el coste de tener dos lenguas oficiales, esto es, una partida adicional para sufragar la enseñanza en gallego y la adaptación de las administración y servicios público a este idioma. Zapatero prometió estudiar esta propuesta de Touriño, sin duda la más novedosa, así como ponderar el envejecimiento y la dispersión de población. Pero ni los criterios están fijados de forma definitiva ni han sido concretados aún en cantidad alguna. Y mientras eso no se produzca, Galicia debe permanecer expectante. Porque no basta con conseguir más. La verdaderamente importante es obtener lo justo para que los gallegos no seamos nunca ciudadanos de segunda por recibir de la administración autonómica servicios de peor calidad que el resto de los españoles.

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