Crónica Política

Javier Sánchez de Dios

 

Pasadas unas horas -que seguramente permitirán algo más de sosiego entre los concursantes, tanto los satisfechos como el resto- tras el reparto eólico decidido por la Xunta, y a la espera de que el Consello ratifique la propuesta de la Consellería y que se agoten los plazos para posibles recursos e impugnaciones, quizá sea tiempo para alguna reflexión. La primera, por supuesto, parte de que se haya cumplido en el complejo proceso, y de forma escrupulosa con las normas. La segunda acerca de si, además de los adjudicatarios, se beneficia también el país.
Por lo que respeta a la legalidad, y aunque -como en el ejército el valor- se supone, probablemente convendrá una explicación más a fondo y en detalle de la decisión que se adoptó. Sobre todo por una razón: a lo largo de las últimas semanas, el estrecho nudo de intereses -algunos legítimos, otros no tanto- políticos, económicos y mediáticos ha procurado, con éxito, la creación y consolidación de un estado de sospecha que perjudicó a todos en general y al concurso en particular. Por eso, y aunque resulte difícil, la primera tarea ha de ser restaurar la confianza que se haya perdido; porque, y conviene que nadie se engañe en eso: se ha perdido bastante. En los que han resuelto, en los que desde dentro de la Xunta intrigaron y también en la oposición, que amagó sin dar.
La segunda de las cuestiones tiene que ver con la primera y podría ayudar a eliminar algunas de sus incógnitas. Desde una cierta distancia -e insistiendo en la conditio sine qua non de que las normas se hayan cumplido- el reparto no debe considerarse malo para Galicia: porque la cuestión ha estado -con bastantes pelos y señales en la calle- sino porque además entre las condiciones previas se incluían las necesarias para que el país se beneficie en el futuro de la explotación de sus recursos naturales. Y, en fin, porque entre los adjudicatarios hay importantes empresas gallegas, con las Cajas en cabeza, lo que aparte de novedad en el sector energético es alentador para el país.
Hay perjudicados, claro, y como consecuencia descontentos que, en todo caso, tienen vías para defender lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos. Y, además, alguna frustración, como el revés que para una operación que el PSOE preparaba mucho tiempo -el traslado de Ence- por razones ecológicas y electorales. En ella residen algunas claves del lío interno de la Xunta, pero ésa es otra historia sobre la que habrá que volver.
¿No...?

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