Crónica Política

Javier Sánchez de Dios

 

A estas alturas, y quede dicho con el mayor de los respetos, la cuestión que se plantea cuando se elabora y promulga una norma, no es tanto que resulte adecuada para atender las situaciones que debe regular, cuanto que incluya bastantes garantías de que su espíritu pueda aplicarse a la vez que su letra. Sobre todo si de lo que se trata es de atender a sectores de población especialmente sensibles como la educación de los ciudadanos, en general, y la de los menores en particular.
A partir de esa idea, una de las características de este país es su fertilidad legislativa, por una parte, y el escaso nivel de cumplimiento de las normas, por otra. No se habla de leyes penales, sino sobre todo de aquellas que, de consideración menos grave, producen consecuencias relativamente asumibles por el infractor. Y el panorama resultante es el de una multitud de árboles que al final no permiten ver el bosque en el que habitan quienes necesitarían un sistema menos complicado y más ágil y eficaz.
Dicho de un modo más simple: que aquí sobran leyes y faltan controles, y eso provoca en los legisladores una sensación de frustración y en los ciudadanos un ambiente pesimista en el que el rigor y la seriedad se valoran poco o, probablemente, no forman parte de lo que la sociedad entiende por elementos destacables. Algo que, en aquellos sectores especialmente necesitados de protección, como los que se han citado, resulta dañino y hasta, por qué no decirlo, desmoralizador.
El mundo de la educación es uno de ellos, uno de los que requiere atención, normativa, medios y hasta ternura, y dentro de él, sobre todo el de la educación de los discapacitados. La Consellería que dirige la señora Sánchez Piñón, que se ha caracterizado por el sentido común -y la eficacia- durante toda su trayectoria, hace honor a ello también en este terreno, y viene de preparar un decreto para el sector que, además de bien parido, parece tener lo necesario para progresar adecuadamente. Lo que no es poco.
La propuesta de la Consellería ha tenido una mala acogida desde la oposición, lo que no es raro, y desde no pocos media, lo que sí lo parece, recibimiento que podría demostrar que hay, aún, en esto de la Educación, poco sentido de lo común y una carga demasiado subjetiva, lo que no ha de ser malo por necesidad, pero también partidizada -antes y más que politizada- y eso es ya bastante peor.
Los invitados de FARO discrepan en muchos puntos pero convienen en uno básico: la normativa es útil y, aun perfectible, mejora lo existente. Una coincidencia que, dado el asunto y a quienes afecta, debiera servir de base para articular un trabajo común por el bien de esta comunidad escolar específica. En víspera electoral no será tarea fácil, pero hay que ponerse a ella.
¿Eh...?

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