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Malos aires para la subasta del viento

ANXEL VENCE

 

Tras casi cuatro años de coexistencia más o menos áspera, los dos partidos que gobiernan este antiguo reino andan ahora a la greña por una cuestión literalmente tan etérea como el aire. O la venta del aire de Galicia, para ser más exactos.
Descontentos con los métodos de sus aliados nacionalistas, los representantes de la fracción socialdemócrata de la Xunta acaban de plantarse y abandonar la comisión que decidirá sobre la subasta de los nuevos parques eólicos del país. Alega la parte contratante de la primera parte que la actual puja del viento organizada por sus colegas de gobierno no ofrece "seguridad jurídica" alguna. De ahí que hayan decidido dejarlos actuar a su aire para que carguen o apanden ellos solos con las consecuencias.
Indoctos y hasta ignorantes en estas materias, los ciudadanos del común no acabamos de entender cómo es posible que el aire -elemento tan abundante y hasta ahora gratuito- pueda tener un precio en el mercado. Tal vez la explicación resida en que el negocio de los molinos de viento está regulado por una normativa que garantiza a los adjudicatarios rentabilidades que en modo alguno puede asegurarles la Bolsa ni mucho menos la ya agonizante especulación inmobiliaria.
De la antaño próspera industria del ladrillo proceden, curiosamente, no pocos de los candidatos a obtener concesiones gubernamentales en el negocio nada quijotesco de los molinos de viento. Parece natural, por tanto, que los gobernantes empeñados en hacer país y edificar Galicia valoren particularmente la experiencia de los aspirantes en el manejo de materiales de construcción tales que los bloques (de hormigón), el ladrillo o el cemento.
Salvo el cambio de concesionario, nada hay de nuevo en este asunto. De hecho, la venta del aire comenzó ya en tiempos del monarca Don Manuel con métodos aún menos sofisticados que los que ahora utilizan sus sucesores en el trono de Rajoy (del palacio de Rajoy, se entiende: no vayamos a liarla).
La adjudicación del viento y sus molinos se hacía entonces por vía directa: un procedimiento mucho más sencillo que ahorraba trámites tan enojosos como los que ahora enfrentan a los dos partidos asociados en el Gobierno de Galicia. A menudo ocurría que los derechos de explotación del aire concedidos por la Xunta fuesen revendidos casi de inmediato por sus felices beneficiarios en una operación del todo legítima pero acaso poco estética desde el punto de vista de los modales. Ignora uno si la actual subasta introducirá alguna cautela a ese respecto para impedir que se especule con el aire como antes se traficaba con el precio del suelo y de los pisos; pero mucho es de temer que resulte difícil ponerle puertas al campo.
Después de todo, esta concesión administrativa sobre el aire -tan graciosa como cualquier otra- asegura ganancias anuales de hasta un 20 por ciento que hasta no hace mucho estaban reservadas a la industria de la construcción. Con la diferencia, en modo alguno trivial, de que los beneficios están regulados -es decir: garantizados- por ley en el todavía más seguro negocio del viento.
Casualidad o no, las airadas protestas de algunos grupos ecologistas por el estropicio que en su opinión causaban los molinos de viento al paisaje se han atenuado hasta hacerse casi inaudibles precisamente ahora que en Galicia sale a concurso la mayor subasta de aire convocada durante los últimos años en Europa. Tal vez les haya dado a los antiguos manifestantes un aire de esos que paralizan el cuerpo, o quizá ocurra sin más que han obtenido de los futuros adjudicatarios la garantía de que no van a mancillar el paisaje ni a dejar Galicia perdida de cables y aspas.
Se conoce, en fin, que donde antes corrían aires de especulación y usura, ahora soplan los vientos del pueblo a los que cantó Miguel Hernández. Lo sorprendente es que la atmósfera esté tan enrarecida.
anxel@arrakis.es

 

Galicia

Simón Espinosa
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