Pues la verdad es que, dicho con todo respeto, no acaban de entenderse muy bien las reticencias con que en el PSOE se reciben las propuestas, aún oficiosas, del Portavoz Nacional de su socio el BNG en lo que al papel que puede desempeñar lo público en la circunstancia que se vive. Y es que no han hecho sino fruncir el ceño, los socialistas, cuando don Anxo planteó un ICO gallego, primero, y ahora articular el rescate de la concesión de la AP-9.

La sorpresa por la reacción, entre escéptica y negativa, es tanto mayor cuanto que de lo que apunta el señor vicepresidente se habló en la cumbre de Washington y que ahora mismo está predicándose en Europa: la intervención creciente del Estado en áreas hoy reservadas para la iniciativa privada y en las que sólo parecía de aplicación la ley del mercado. Hasta tal punto, por ejemplo, que no pocas voces defienden, como medida frente a la crisis financiera, la resurrección de algún tipo de banca pública que algunos, en este lado del Padrones, llaman Instituto de Crédito Oficial de Galicia.

Ese ICO, dicho sea de paso, serviría, como explicó el señor Quintana, de herramienta para cumplir mejor uno de los objetivos que justifican el apoyo estatal a la financiación bancaria, que es aliviar el dogal crediticio a las pymes y a las familias. Unos objetivos por cierto que, a pesar de sus proclamas, el gobierno del PSOE está lejos de alcanzar ni siquiera en las entidades que, como las Cajas, tienen un carácter semipúblico -ya que carecen de accionistas, y sus beneficios nutren la Obra Social y no arcas privadas-, lo que las hace en teoría más receptivas a la influencia del poder político.

En cuanto a la Autopista del Atlántico y su rescate, nadie discute que, al igual que la del Instituto, se trata de una operación compleja y con un coste elevado, pero le es de aplicación, quizá, aquel viejo refrán según el que "sólo los necios confunden el valor con el precio. Y el del rescate sería inestimable para los intereses generales de este país que, si han tenido un servicio mejorable con "Audasa", podrían tenerlo peor en el futuro con "Citigroup" aunque sólo fuere por la lejanía de los centros de decisión.

Ya puestos, y sobre esto, habría de calcularse cuánto le cuesta a las arcas gallegas el acuerdo con "Sacyr" por el que se compensa el peaje en Rande y A Barcala y cuánto habría que adelantar para las obras de mejora de la autopista anunciadas y "garantizadas" -que hay que ver, caramba- por la Xunta en su momento. ¿No...?