La curiosidad

Javier Sánchez de Dios

 

A tres meses, más o menos, de las elecciones gallegas, quizá sea momento para reclamar de las partes en presencia una explicación sobre cuál es su idea de la Administración, al servicio de qué o quién ha de estar y el modo en que debe estructurarse. Preguntas todas ellas de manual y con respuestas previsibles pero que, a pesar de todo, no parecen resolver las dudas ni satisfacer las demandas de los ciudadanos, siquiera de los de mayor curiosidad.
Y no se trata de exagerar o de inventarse un motivo para la crítica: en los últimos días la oposición y el Gobierno han polemizado por el dato de que en estos cuatro últimos años el aparato burocrático oficial de la Xunta creció en diez mil personas, lo que aparte de excesivo resulta difícil de entender. Sobre todo si se tiene en cuenta que tanto quienes ahora están en el poder como los que estuvieron antes mantienen la costumbre de -si conviene- recurrir a alguien de fuera, de eso que llaman algunos "la privada".
El Bipartito, que no niega las cifras, acusa a sus predecesores de provocar la escalada, porque su táctica de colocar gente a dedo bajo el disfraz de los puestos "de confianza" o las "asistencias técnicas" motivó una lluvia de demandas ante la Magistratura para que se les reconociese, a la hora del cambio, su condición de fijos. Y como casi todas fueron aceptadas, el PSdeG y el BNG imputan al PP la inflación funcionarial, ya que a los jueces no osan, por supuesto.
El argumento, que sería impecable en el caso de que los socios del actual gobierno hubiesen abandonado las costumbres contractuales del anterior, resulta falaz por no decir cosas peores, cuando se comprueba que no sólo no es así sino que el número de altos cargos -de confianza o de lealtad a las siglas o a las personas-, ha seguido creciendo, lo que permite suponer que en su día las Magistraturas rebosarán de reclamaciones y la Administración volverá a crecer exponencialmente. O casi.
El asunto, que es en sí bastante feo, aumenta en gravedad en momentos como éste en el que hay ciento cincuenta mil gallegos al margen de las angustias de esta crisis o de cualquier otra, con el puesto asegurado y el salario garantizado, y eso en sí mismo constituye casi privilegio con respecto al resto de la población laboral. Y por tanto debería exigirse a quien es responsable de la Administración un mayor cuidado -y hasta una sensibilidad especial- a la hora de aparecer ante la sociedad civil y pedirle, como le piden, que se abroche los cinturones y afronte sacrificios,
¿No...?

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