La penúltima alcaldada

ANXEL VENCE

 

Un concejal socialista acaba de darle -o acaso prestarle- la alcaldía pontevedresa de Mos a una colega del partido de enfrente, en lo que constituye la última de las muchas alcaldadas que durante estos treinta años de democracia se han perpetrado en Galicia. Aunque tal vez fuese más exacto decir la penúltima, dado que el actual sistema de elección indirecta del alcalde favorece este tipo de comportamientos. Más pronto que tarde, algún nuevo tránsfuga -tanto da si de izquierdas o derechas- descabalgará de la presidencia de cualquier otro ayuntamiento al corregidor que esté al mando.
Los damnificados por la pérdida del gobierno de Mos están que se suben por las paredes: y razón no les falta. Aún tendrían más argumentos de no ser porque también ellos -los socialdemócratas que hoy ponen el grito en el cielo- obtuvieron hace veintiún años la presidencia de Galicia para Fernando González Laxe gracias a un pacto con antiguos miembros del partido conservador. Y no con cualesquiera. Entre ellos figuraba nada menos que el anterior secretario general de Alianza Popular, que pasó de ser vicepresidente con Gerardo Fernández Albor a ocupar el mismo cargo en el nuevo gobierno de coalición entre socialdemócratas y nacionalistas surgido de la moción de censura. Cosas de la memoria histórica, que a menudo es un incordio.
La solución a estos enojosos incidentes resulta en apariencia fácil, cuando menos por lo que atañe a los ayuntamientos. Tanto es así, que el actual partido en el gobierno llegó a anunciarla hace cuatro años, poco después de su primera victoria electoral.
Fue allá por mayo de 2004 cuando la entonces -y ahora- vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega adelantó en su primera comparecencia ante el Congreso una reforma de la legislación que iba a permitir la elección directa de los alcaldes. El regidor de cada municipio sería votado personalmente y no como cabeza de la lista cerrada de un partido. Y por si eso fuese poco, la modificación de la ley electoral establecía un sistema de elección inspirado en el francés que obligaría a convocar una segunda votación cuando se diese el caso de que ninguno de los candidatos obtuviese la mayoría absoluta en la primera.
Con un sistema directo y a doble vuelta como ese, apenas cabe duda de que la abundante especie del tránsfuga -coloquialmente llamado cambiachaquetas- entraría en vías de extinción por mera falta de oportunidades. Cierto es que, a cambio, el alcalde electo tendría las manos libres para perpetrar cualquier alcaldada que se le ocurriese; pero eso ya viene sucediendo ahora con el actual régimen de elección indirecta.
Infelizmente, aquel revolucionario cambio de la ley electoral que según Fernández de la Vega iba a ejecutarse "dentro de esta legislatura" -la de 2004 a 2008-, no tardó en pasar al baúl de los recuerdos. De hecho, ya ni siquiera figuraba en el programa con el que el partido socialdemócrata concurrió a las siguientes elecciones.
Tampoco la oposición se molestó demasiado en recordarle al Gobierno su promesa de conceder a los ciudadanos el derecho a elegir sin la intermediación de los concejales al alcalde que fuese más de su gusto; pero nada hay de raro en ello. Cumple tener en cuenta que una disposición de ese tipo devolvería capacidad de decisión a los ciudadanos en la misma medida que reduciría el poder de los caciques que elaboran las listas de candidatos de cada partido. Y en lo tocante a mantener los cacicazgos internos, no hay izquierdas ni derechas que valgan. Con las cosas de comer no se juega.
Ahora que el sistema de listas cerradas ha vuelto a propiciar por enésima vez un acto de transfuguismo, los jefes de clan de la izquierda y la derecha coinciden en llorar lágrimas de cocodrilo al tiempo que condenan -enérgicamente, claro está- la actitud de los cambiachaquetas. Con lo fácil que sería que nos dejasen elegir al alcalde?
anxel@arrakis.es

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