Crónica Política

Javier Sánchez de Dios

 

Así pues, en pleno debate sobre la auténtica intención del Gobierno central para que los votos exteriores tengan las mismas garantías que los demás, sorprende la decisión de reconocer ciudadanía sólo a los descendientes de emigrados entre 1936 y 1955. Una sorpresa que deriva no tanto de la teórica intención de la medida -que sería compensar los efectos de la Guerra Civil y la inmediata posguerra- cuanto de que se podrá buscar con ella ventajas para alguna izquierda, y sobre todo para el PSOE.
A partir de la idea de que lo expuesto es matizable -y que deben respetarse otras opiniones- no parece discutible señalar que entre los nuevos votantes habría pocos afines al nacionalismo gallego, por aquellos años escaso, y ya ni se diga a la derecha, causante del exilio para quienes lo padecieron. Y como lo blanco y en botella suele ser antes leche que no horchata -aunque ésta tenga aspecto parecido-, pues eso.
Algunos juristas dicen que esa discriminación de exiliados resulta más que discutible en Derecho y además produce injusticia colateral. Fijar un límite en las fechas para considerar ciudadanos españoles a los descendientes de emigrados políticos deja fuera a los económicos -que la Ley incluía en su primer borrador- aunque entre ellos aparezcan muchos represaliados que lo fueron por su condición de antiguos combatientes de la República o simpatizantes de partidos de izquierda. Y eso resulta del todo inaceptable; incluso sectario.
El Gobierno del señor Rodríguez Zapatero parece desconocer algunos aspectos de la realidad de la España de los años cincuenta y sesenta, cuando la represión franquista modificó las líneas de actuación. Tienden a creer -el presidente o sus asesores- que, aparte de la obvia, hay gran diferencia entre la primera y la segunda parte de la dictadura con lo que suavizan de facto la condena de ésta y, a la vez, discriminan a sus perjudicados.
Los aduladores del entorno de la Moncloa -bastantes de ellos con amplia experiencia en el oficio porque ya lo fueron con el inquilino anterior-, vuelven a la doctrina de lo políticamente correcto y critican a los criticadores acusándoles de servir a no se sabe bien qué intereses opositores. Lo malo, para ellos, es que como esta vez no les resulta demasiado fácil trazar la línea de quienes se oponen a esto de la emigración -los hay de ideología, sensibilidad e historia muy diferentes-, fallan y se les nota que, en el fondo, no son mucho más que simples mercenarios.
¿O no...?

 

Galicia

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