La (necesaria) reforma de las leyes

Fernando Jáuregui

 

...ETA sigue en lo suyo: matar.-
El asesinato por ETA de un industrial, Ignacio Uría, en Azpeitia, localidad "dura" de Azpeitia, marca el comienzo de algo: no se trata ya solamente de las reformas en el Código Penal, que han endurecido notablemente las posibilidades de los asesinos de alcanzar una libertad antes de tiempo. Hay algo más: la necesidad de un enorme consenso contra la pesadilla. Y de aplicar la máxima dureza. No, no es el momento de pensar en negociaciones, como en los tiempos en los que Zapatero enviaba a un familiar como parte de la delegación que contactaba con ETA. Es tiempo, por ejemplo, de ir un paso más allá, desalojando a alcaldes y concejales de la ilegalizada Acción Nacionalista Vasca de sus puestos en los ayuntamientos. El hecho de que el máximo representante municipal de Azpeitia, elegido en la lista de ANV, no condenase el mortal atentado contra Uría ha despertado muchas justificadas indignaciones.
Hay, parece, un consenso básico entre socialistas y populares para reformar la Ley del Régimen Local y reforzar su artículo 61, que prevé la posibilidad de disolver un consistorio que incumpla la ley. Pero ¿es incumplir la ley no condenar un asesinato? Tras la reforma, presumiblemente lo será, alegándose que esta no condena por parte de los ediles de un crimen contra un vecino de una localidad es motivo de escándalo para los ciudadanos. La reforma tardará meses y no se concretará, presumiblemente, hasta después de las elecciones vascas. Pero a los alcaldes y concejales de ANV les quedan no muchas semanas de disfrute de sus cargos y de las ventajas económicas que este disfrute supone.
Tormentas en vasos de agua.-
Y ahora que hablamos de la reforma de la normativa que regula la vida municipal: la declaración del alcalde de Getafe, Pedro Castro, acusando de "tontos de los cojones" a quienes votan a la derecha ha provocado una enorme tormenta política, en la que se ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar algunos ajustes en la mentada Ley de Régimen Local y hasta, es posible, en el funcionamiento interno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside Castro.
Pero la cosa ha ido más allá: el PP de Madrid ha exigido la dimisión de Castro, antes del día 12, o los ayuntamientos regidos por "populares" en la Comunidad de Madrid abandonarán la Federación. No está claro que Madrid, regido por Alberto Ruiz Gallardón, muy silencioso al respecto, vaya a unirse a esta iniciativa de Esperanza Aguirre, con lo que la situación interna entre los "populares" madrileños se agravaría. Porque parece improbable la dimisión de Pedro Castro antes del día 12 de este mes, pese a que Aguirre declaró que era "segura" tal dimisión. ¿Merece tal barahunda un episodio como el, por otra parte lamentable, protagonizado por el lenguaraz Castro? ¿Merecen estas maleducadas, sectarias, declaraciones un paso como el abandono de una institución como la FEMP por parte del PP?
La reforma constitucional.-
Todos, del grupo parlamentario o de la tendencia política que fuere, estaban de acuerdo: la conmemoración del trigésimo aniversario de la Constitución, en el Palacio del Congreso, resultó un acto algo desvaído, desprovisto de la emoción y el calado político que la ocasión merecía.
Demasiadas ausencias políticas -entre ellas las de los ex presidentes del gobierno Aznar y González-, excesiva frialdad -el presidente del Congreso, José Bono, decretó que este año no tocaba cóctel, en señal de duelo por el último asesinato de ETA- y falta de "famoseo", contra lo que venía ocurriendo otros años, marcaron la tónica de una recepción que debería haber tenido mucho más empaque, especialmente cuando estaba presidida por los Reyes, con asistencia de los Príncipes: hasta se improvisó el discurso del Monarca, que no estaba previsto la víspera.
Ni siquiera el presidente de la Cámara Baja, José Bono, que de protocolo sabe un rato, fue capaz de calentar los ánimos con su discurso, en el que vino a recordar al Rey, a su lado, que es el primer monarca no arbitrario en nuestra Historia. Era, entre otras cosas, como citar críticamente la figura del abuelo del jefe del Estado, Alfonso XIII. Pero a Bono, que es la segunda vez que hace algo semejante, no le tembló el pulso a la hora de lanzar su parlamento.
Resulta curioso que en la recepción hubiese más ex diputados que parlamentarios actuales. Los de Unión de Centro Democrático fallan pocas veces en estos actos. Los nacionalistas están ausentes siempre. Los presidentes autonómicos que acuden son pocos (cinco en esta ocasión). Y los cargos del Estado, en general, suelen estar ahí, si exceptuamos el difícilmente justificable caso de los dos últimos ex presidentes del gobierno, Felipe González y José María Aznar, a quienes su estatus debería obligar a comparecer, al menos, en estos actos en los que se conmemora la aprobación de la Ley Fundamental.
Y los periodistas, en los corrillos, preguntándoles al presidente y al líder de la oposición sus opiniones respectivas sobre una posible reforma constitucional; era, en el fondo, el tema del día. La Ley Fundamental ha cumplido treinta años y algo hay que cambiar, en distintos aspectos, para que todo siga igual. Lo admitía el propio presidente de la comisión constitucional, Alfonso Guerra. Desde el Título VIII hasta las disposiciones transitorias -que no lo han sido tanto-, son bastantes los artículos que deberían retocarse, de acuerdo con lo que muchos de los presentes manifestaban a los informadores. Quizá fuese Zapatero el más significado de los que no consideran urgente una reforma constitucional.
Y hablando de los chicos de la prensa: los servicios de seguridad de la Cámara, por cierto, se emplearon a fondo a la hora de obstaculizar el trabajo de los informadores. Hubo empujones y hasta empellones, malas caras y palabras en tono elevado. La ocasión, en fin, merecía otra cosa. Pero ya se sabe que estos pasajes siempre evidencian, como la punta del iceberg, que hay mar de fondo. Y qué duda cabe de que hay mucho mar de fondo en torno a la reforma constitucional, por ejemplo. Es la más importante de las reformas legales que precisan de un apremiante consenso para ponerse en marcha en la nueva era, la que se abre ahora, treinta años después.

 

Galicia

Simón Espinosa
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