Así pues, visto lo ocurrido en la AP-9, las -pocas y etéreas- explicaciones que para consumo general se dieron, y comprobado que la actitud de la Xunta consiste más en consignas que en razones, habrá que encomendar el remedio a algún buen exorcista para que se ocupe de evitar que se repitan, en coincidencia, las mismas circunstancias climatológicas, empresariales y administrativas. Porque no hay ningún tipo de garantía de que cualquier otro método funcione, y puede que la próxima vez no haya tanta suerte: el fin y al cabo, el martes no hubo víctimas.
Dicho eso, hay que seguir por partes. Primero, conviene exigirle a la concesionaria -"Audasa", del grupo "Sacyr", tan de moda estos días- que asuma sus responsabilidades en lo ocurrido. Y segundo, que en ligar de excusas aporte argumentos y diga por qué parece convencida de que el único derecho que genera el pago del peaje es circular por una autopista que, por cierto, en muchos tramos tiene frecuentes limitaciones que la convierten en una simple carretera, por lo que debería ser gratuita,
En cuanto a la climatología, es evidente que las previsiones fueron claras y todo lo precisas que puede exigírsele a esa ciencia. Alegar, como hicieron algunos supuestos expertos, que en la madrugada del martes se produjo una secuencia extraña e inesperada de fuerte lluvia y helada intensa, y a partir de ahí fabricar una explicación, suena inverosímil. Hace más de diez días que se advirtió con precipitaciones muy frecuentes y baja importante de temperaturas: hablar de imprevistos, como queda dicho, parece una excusa débil.
En cuanto a la Xunta, y aparte de algún aspaviento coyuntural, su reacción ha sido la habitual: endosarle -si no la culpa- la responsabilidad remota de lo sucedido a sus predecesores. Parece una consigna la de insistir en dos datos: que el PP privatizó la autopista y que después amplió el plazo de la concesión para congelar las tarifas, algo que no sucedió. Y ambos datos son ciertos pero rancios -tan rancios como el del PP, aludiendo a la censura del 87 en relación con la de Mos-, y nada tienen que ver ni con los problemas de hoy ni con los de mañana entre "Audasa/Sacyr" y sus aparentes amigos.
En este punto procede otra reflexión: el Estado, como concesionario, tiene el deber de tutela sobre las condiciones y por tanto la capacidad de rescindir la concesión caso de incumplimiento. Y no parece haber sido muy eficaz en la tarea: las reciente -y la antigua- historia de la AP-9 está repleta de casos en los que se debería haber defendido el bien público y de los usuarios, y nada. Y para muestra basta un botón: en 2005 el propio señor Pérez Touriño acusó a "Audasa" de la falta de limpieza de las orillas de la autopista, estado que agravó los daños de los incendios. Pero luego fuese y no hubo nada.
¿Eh...?
