Uno de los elementos que -dicho con todos los respetos- más llama la atención en las costumbres políticas, sobre todo en tiempos preelectorales, es la facilidad con la que se manejan conceptos trascedentes. Por ejemplo el de las garantías, que en pura lógica habrían de ser sólidas para surtir efecto y, en cualquier caso además, planteadas con seriedad y solvencia. O sea, algo así como eso que los creyentes tienen por "palabra de Dios".
Utilizarla en vano -por los políticos y los banqueros sobre todo- la devalúa, como es natural, y suele provocar efectos directos en la credibilidad del garante supuesto y, por tanto, impedirle o, al menos complicarle que alcance los objetivos que busca. Ocurre que pocas veces sucede: quizá porque el escepticismo de los ciudadanos actúa ya como una especie de blindaje o porque los aparatos de propaganda son tan eficaces que acaban por distraer la atención de forma que pasa desapercibido el fracaso.
El puente de Rande, sobre la ría de Vigo, y su ampliación es uno de los últimos ejemplos. Planteado como solución al atasco permanente que esa vía de comunicación padece, y como alternativa al retraso -u olvido- en la construcción de una autovía entre Pontevedra y Vigo, la obra es discutible y sobre todo cara. La concesionaria la consideró viable a partir de la ayuda financiera anticipada de la Xunta, pero eso cambió desde el momento en que se planteó la venta de la empresa.
Y ahí apareció la conselleira de Política Territorial, que sin encomendarse a mejor autoridad que la propia, dijo con ocasión de una visita preelectoral al sur de Galicia que ella "garantizaba" la ampliación del puente. Cierto que sus precedentes en materia de gestión no invitaban ni a la fe ni a la esperanza, pero algunos practicaron la caridad con ella y dieron por sentado que, de un modo u otro, en tres o cuatro años el puente de Rande sería ampliado. Aleluya, pues.
Lo malo de los faroles en política es que suelen chocar de frente con los hechos, y como los hechos son tercos, se apagan con relativa facilidad. Y el de la conselleira fue objeto de liquidación nada menos que por el señor presidente de la Xunta que, sin descartar ninguna hipótesis -claro-, hubo de reconocer que el diálogo entre su gobierno y Audasa entró en dificultades muy serias y que garantizar lo que se dice garantizar la operación de ampliación, es imposible, sobre todo porque los potenciales compradores de la concesionaria han dicho que ni hablar. El asunto de la venta, tal como ha informado este periódico, está próximo a cerrarse, y la pregunta del millón es qué pasa ahora con quien dijo lo que dijo cuando sabía que no debería haberlo dicho como lo dijo. ¿Responsabilidad política? No parece: ése es un concepto que, por lo visto, murió cuando el PSOE llegó al poder.
Mala suerte. ¿Eh?
