EDITORIAL

La crisis de la automoción necesita una estrategia clara

FARO DE VIGO

 

La crisis económica y financiera que azota al mundo manifiesta ya toda su crudeza sobre el tejido productivo de los países desarrollados. Lo que primero parecía una crisis de la construcción y luego se evidenció como un colapso financiero de proporciones hasta ahora desconocidas ha llegado ya a sectores industriales claves para las economías occidentales. Uno de ellos, y quizá el que peores síntomas muestra en el momento actual, es el del automóvil. Para Galicia, y muy especialmente para Vigo, resulta crucial que las medidas de ayuda del Gobierno central y de la Xunta vayan encaminadas a aportar soluciones reales a la crisis. Limitarse simplemente a enmascarar sus efectos, por dolorosos que éstos sean, no será nunca garantía de futuro para un sector sin el cual la pujante Galicia industrial de hoy en día resulta sencillamente una quimera.
La catarata de medidas y promesas lanzadas en las últimas dos semanas, tanto por la administración estatal como por la autonómica o las supranacionales, adolecen de una mínima planificación y coordinación. Las encaminadas directamente a potenciar el consumo, como es el caso de los seguros anunciados por la Xunta, han coincidido en el tiempo con apuestas estratégicas --la más espectacular la de asignar a la planta de Vigo el desarrollo del coche eléctrico-- que si bien suponen una garantía de futuro, y por tanto deben ser valoradas muy positivamente, carecen de utilidad práctica inmediata, o si la tienen no se ha sabido o no se ha querido explicitar. No debe extrañar, así pues, que la automoción española haya acogido con división de opiniones, cuando no con mal disimulado asombro, algunas de las medidas anunciadas esta semana.
En el corazón de la crisis de la automoción está el hundimiento de las ventas. La desconfianza de los consumidores y las dificultades para conseguir créditos han generado una espiral endiablada. De ahí la sorpresa por la política de oídos sordos del Gobierno ante la demanda del sector de un nuevo Plan Prever que estimule las ventas y atenúe el fracaso del Plan Vive. La inyección de 800 millones para un plan integral de ayuda a la industria ha sido aplaudida por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) que, no obstante, reclama rebajas en las cotizaciones a la seguridad social y un plazo más amplio para los contratos temporales--, pero rechazada por los concesionarios, que critican que no se tenga en cuenta a las pymes y que las medidas se limiten al área industrial e ignoren el resto del sector. El plan de ayudas de Bruselas, presentado también esta semana, sólo aportará finalmente 4.000 millones de euros, el 10 por ciento de lo que habían reclamado los fabricantes. De forma complementaria, la Comisión Europea ha pedido a los Estados que adopten resoluciones encaminadas a impulsar la demanda, como la reducción de los impuestos de matriculación y de circulación o la creación de incentivos fiscales para achatarrar vehículos antiguos.
Si Bruselas justificó el carácter limitado de sus ayudas por la conveniencia de no distorsionar el mercado, en el polo opuesto, en EE UU, la administración ha puesto sobre la mesa 20.000 millones de dólares para intentar salvar una industria del motor que en aquel país está literalmente al borde de la bancarrota, hasta el extremo de que la mayoría de los expertos auguran la desaparición de una de las tres grandes marcas estadounidenses de automóviles. La situación del sector es allí de tal gravedad que las medidas de ayuda se adoptan aún a riesgo de infringir las reglas de la competencia y abrir así un conflicto con la Organización Mundial del Comercio. Christian Streiff, presidente de PSA Peugeot Citroën y de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles, no ha dudado en reclamar a la UE , junto con una mayor claridad en las resoluciones, celeridad en la aplicación de las medidas para que la industria pueda percibir rápidamente sus beneficios.
Se trabaja con la doble estrategia, más o menos compartida, de inyectar dinero público a las industrias para mantener la producción, y evitar así el aumento del paro, y, simultáneamente, destinar recursos también a activar el consumo, pero parece evidente que las distintas medidas de ayuda adoptadas hasta ahora--diferentes no sólo por continentes sino entre paises de un espacio económico común, como es el caso de la UE-- constituyen una incipiente hoja de ruta que reclama más coordinación para que resulten realmente eficaces.
Galicia ha tenido esta semana un merecido protagonismo, reclamado desde este mismo espacio editorial, al acoger la cumbre del Gobierno con las comunidades autónomas donde se fabrican automóviles, antesala de la reunión celebrada el viernes en Madrid por el ministro de Industria con Citroën, Xunta y Concello de Vigo. La crucial importancia del sector del automóvil para el tejido industrial de Galicia y los más de 20.000 empleos que genera de forma directa e indirecta exigen de la Xunta una actitud de máxima alerta. El contexto político en el cual ha irrumpido la crisis --una precampaña electoral de hecho: el Presidente acaba de fijar la fecha de los comicios finalmente para marzo--, no es el mejor de los posibles para abordar una situación que requiere un amplio consenso y grandes dosis de sensatez. Pero el interés general de Galicia debe estar por encima de esas coyunturas. Los partidos deben buscar puntos de acuerdo que ayuden a superar la crisis económica en general, no sólo la de la automoción, y la Xunta tiene la obligación de huir de electoralismos fáciles y medidas de maquillaje de la realidad para conseguir así, entre todos, acertar con la receta que haga de esta difícil situación económica una oportunidad para Galicia.

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