A primera vista, y según dice la mayor parte de los expertos, es más bien poco probable que excepto los tres grandes, los varios partidos políticos que anuncian su presentación a las elecciones gallegas ocupen lugar en el Palamento. Y no sólo por razones derivadas de la Ley vigente, que al establecer un porcentaje obligatorio del cinco por ciento de los votos emitidos para obtener acta, sino por su escasa implantación, lo limitado de sus recursos y como efecto colateral, su poca incidencia mediática.

Dicho eso, que resulta denominador común de los análisis que se realizan sobre el futuro inmediato de los pequeños, parece oportuno preguntar y preguntarse si, además, hay hueco ideológico o/y social en el electorado. Quienes predican, desde el nacionalismo moderado o centrista, fórmulas gallegas son de algún modo herederos de la antigua Coalición que llegó a obtener once escaños en 1985 y en la que todos vieron una especie de CiU del noroeste. Los que desde un jacobinismo adaptado a los tiempos que corren, buscan lo contrario, que es devolver al Estado una parte de lo que cedió al nacer las autonomías y, a juzgar por algunas encuestas, con eso y con la cuestión lingüística tienen cierto éxito de público.

La verdad es que, unos y otros, ofrecen poco diferente a lo que hay: los galleguistas porque en una parte del PP, e incluso en algún sector del Bloque, tienen acomodo gentes que piensan como ellos o muy parecido. Los de la UPyD porque en términos aritméticos, aún no parece su momento, y el resto, los grupos locales o provinciales, sencillamente porque no plantean alternativas más allá de unos comicios municipales y están condenados a eso o a integrarse como parientes más o menos pobres en los demás.

Dicho esto, que naturalmente es sólo una opinión y que quizá no sea compartida por los que arriesgan ilusión y hacienda en el desafío, conviene añadir alguna otra cosa. Por ejemplo que, a pesar de todo, el escenario político gallego daría para más si la Ley fuese otra o, sencillamente, si rigiese aún la de las primeras elecciones, que hizo Parlamentos más plurales y gobiernos mucho más obligados al diálogo y, por tanto, a la tolerancia. Y, segundo, que aquella Ley debería reponerse porque de tal forma la sociedad de este país saldría beneficiada y la gestión de sus asuntos también.

Mientras, habrá que ver lo que de aquí a que se convoquen las elecciones se configura, porque parece claro que la unión hace la fuerza y por tanto no conviene dar por cerrados los procesos de convergencia. Puede que no con UPyD, y ya se verá, pero sí con los demás, incluyendo a los tres grandes, que saben que tienen opciones muy sólidas, casi exclusivas, pero a los que no gusta el riesgo de la competencia.

¿Eh...?