Así que, oído lo que han dicho los señores presidente de la Xunta y ministro de Industria sobre la crisis de la automoción -e incluso, unas horas después, la estrategia que expuso don Emilio Pérez Touriño ante el Parlamento gallego para hacer frente al parón económico general- es probable que muchos observadores y no pocos expertos coincidan en que ambas comparten un fallo: dimensionan mal las respuestas.

Y es que, aún invocando coordinación y esfuerzo común, parecen menos y menores que los problemas a afrontar.

No se trata de incordiar o exagerar: las dimensiones de la crisis han sido fijadas por las autoridades de los diferentes países, que la definen como una de las más graves -si no la más- de la historia reciente y coinciden en señalar su globalidad y su profundidad, aunque no en la duración.

Cada día que pasa, los distintos observatorios -al menos los más capaces- alargan el plazo para el inicio de la recuperación, y eso no sólo complica el panorama sino añade dificultad a los planes que se establecen para combatir los efectos más agudos. Y los gobiernos de España y de Galicia programan a dos años, lo que parece un cálculo demasiado optimista.

En lo que a la automoción se refiere, y vistos los preacuerdos de la cumbre de Santiago -una iniciativa loable de la Xunta, conste-, puede convenirse en que las propuestas son válidas pero insuficientes, sobre todo las que se orientan a reactivar el consumo y el mercado. Y es que omiten, o no valoran lo bastante, el hecho de que el desplome de las ventas no tiene tanto que ver con el automóvil en sí cuanto con la situación general: se compran menos vehículos no porque sean caros -que hay de todo- o falte crédito, que falta, sino porque dejaron de ser prioridad absoluta, y reactivar su consumo sólo será posible si antes se resuelven otras urgencias.

En la misma línea argumental, y por lo que se refiere a la profundidad de la crisis, no parece que la estrategia de la Xunta, que se plasma en los Presupuestos, vaya a significar otra cosa que un tratamiento paliativo. Es verdad que ayudará a bastantes personas a atender obligaciones urgentes en materia de crédito y que eso está bien, pero será durante dos años -la crisis en sus distintos estados durará al menos cuatro y para entonces el dinero disponible será aún menos que ahora- y deja sin atender otras necesidades tan o más vitales que las contempladas.

Es verdad que la crisis es mundial y no puede atajarse a nivel regional, pero también que en cada escala debe plantear respuestas que reúnan el máximo posible de consenso y por tanto de diálogos previos. No parece que en Galicia vaya a ser así, o al menos no se desprende de lo que se vio en el Parlamento: poco extrañará pues que algunos digan eso de que Dios los pille confesados.

¿Eh...?