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Piratas y artistas de ministerio

Anxel Vence

 

No contento con piratearle su dinero a la gente mediante el canon que todos debemos pagar -queramos o no- a los denominados artistas españoles, el Gobierno anuncia ahora una campaña contra la copia de canciones y películas bajo el lema: "Si eres legal, eres legal".
El eslogan parece un tanto redundante, pero no es en absoluto casual. El Ministerio de Cultura, impulsor y financiador de esta acción publicitaria, sabe perfectamente que son los jóvenes el grupo de edad que más recurre a la descarga gratuita de temas musicales y videográficos por Internet. De ahí que juegue con el significado de la palabra "legal", que entre los chavales viene a significar "enrollado", "guay" y, en definitiva, digno de confianza. Visto así, un tío legal debería ser, además, alguien que cumple con la legalidad y renuncia a la piratería.
Se conoce que este Gobierno -como cualquier otro- está formado por gente mayor y no se entera gran cosa de las costumbres de la juventud. De lo contrario, ya sabría que este tipo de reprimendas paternalistas no suelen tener particular éxito.
Menos aún si se tiene en cuenta que el Gobierno tolera y hasta estimula la actividad recaudatoria de la Sociedad General de Autores de España: una entidad que a pesar de su carácter privado no deja de actuar como si fuese una especie de Hacienda en el ramo de la cultura.
Mucho más voraz si cabe que la Agencia Tributaria, la organización que agrupa a los artistas y negociantes españoles del espectáculo se ha acostumbrado a exigir tributos por casi todo. Desde el uso de televisores en bares y habitaciones de hoteles hasta la música con la que suele amenizarse las bodas, cualquier actividad en la que se emitan imágenes y/o música recibe la atención de los detectives contratados por la SGAE. Su profuso equipo de abogados se encarga después de reclamar las correspondientes exacciones bajo la amenaza -a menudo exitosa- de ejercer acciones legales contra aquellos osados que se nieguen a pagar el tributo.
Habrá quien considere que tales métodos evocan los habitualmente usados por otras organizaciones mucho menos respetables; pero en realidad no hay motivo alguno para pensar así. Prueba de ello es que los artistas de la SGAE han logrado que el Gobierno -al que tanto quieren y que tanto les debe- instituyese un canon de pago obligatorio sobre los cedés, deuvedés, Ipods, teléfonos móviles y en general cualquier otro aparato susceptible de copiar o reproducir la magna obra de Bisbal, Ramoncín, Bustamante y demás repertorio de glorias patrias.
Tanto da que el comprador de alguno de estos productos lo haga sin la menor intención de utilizarlo para grabar las a menudo prescindibles creaciones de los músicos y cineastas españoles. La SGAE y su Gobierno -que al parecer, era el de todos- dan por hecho que cualquier ciudadano es un delincuente en potencia, motivo por el cual conviene aplicarle una multa preventiva en forma de canon. Algo así como si la Guardia Civil de Tráfico parase a un automovilista y tras comprobar que lleva cien euros en la cartera le detuviese bajo la acusación de estar ahorrando para comprarse una pistola sin disponer de la oportuna licencia de armas.
Por si esa medida cautelar no bastase, el Gobierno ha decidido lanzar ahora una campaña contra la piratería bajo el supuesto -tal vez no demasiado erróneo- de que los chavales prefieren bajarse la música de Internet antes que comprarla en las tiendas. Mucho es de temer que tan loable iniciativa no suscite particular entusiasmo ni ayude gran cosa a cambiar las costumbres de los jóvenes, aun en el caso no infrecuente de que sean unos tíos legales.
Después de todo, los políticos que tantos apaños han hecho con la construcción, las comisiones, los cohechos y otras mangancias no parecen la gente más apropiada para impartir lecciones de moral a los chavales. Que igual los mandan con la música a otra parte.
anxel@arrakis.es

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