partir de la idea de que el principal de los derechos laborales de un trabajador es el de trabajar -que puede sonar a perogrullada, pero en estos tiempos dista mucho de serlo-, y de que, por tanto, parece más útil invertir en crear o mantener empleo que en subsidiar el paro, pocas pegas podrán ponerse a los planes que ayer aprobó la Xunta y expuso, a falta de datos que llevará al Parlamento, su presidente. Si acaso que cincuenta millones son pocos y que hacen falta más millones, pero eso ya se discutirá.

Algunos observadores -ubicados en el terreno del liberalismo económico- definen las medidas anunciadas por el señor Pérez Touriño como "intervencionistas" y discuten la conveniencia de que el dinero público se inyecte directamente en las venas de la empresa privada, no ya sólo porque así interfiere en la libertad de mercado, sino porque es un método dudoso para garantizar a medio plazo la viabilidad de los beneficiarios. Y puede que tengan algo de razón, pero sigue siendo cierto eso de que a grandes males, grandes remedios, y que a veces hay que olvidar la forma para atender el fondo, que cuenta más.

En este punto, y acerca de avisos o de reproches, quizá no esté de más subrayar uno que tiene lógica y, parece, también cierta base: que los planes, o al menos una parte, tengan más fondo electoral que laboral. Dicho de otro modo, que busquen por ejemplo, además de evitar el incremento del desempleo, sobre todo limitar su inscripción en el registro y, por tanto, el desgaste que para un Gobierno supone siempre ese tipo de balances. Y aunque tales ideas sean propias de malpensados, no debe olvidarse aquello de "piensa mal y acertarás", porque el refranero es sabio.

En todo caso, y aunque eso fuese así, los planes mantienen dos claves positivas. Una, que se habla siempre de dinero público: para mantener el empleo o para sufragar el paro, y es preferible lo primero a lo segundo. Otra, que además de a las personas, se ayuda a las empresas y, por tanto, se sostiene mejor el tejido social y económico, lo que permitirá emprender antes que si no fuera así el retorno a la normalidad. Eso es lo que cabe exigirle a un Gobierno, y es bueno que la Xunta cumpla

Así las cosas, queda una observación: no parece razonable que de los planes se excluya a algún sector que, como el inmobiliario, contribuyó a reforzar aquel tejido. Cierto que hubo excesos, pero en esa materia, y a la hora de juzgar, quien esté libre de pecado -incluída la automoción, por ejemplo- que tire la primera piedra.

¿O no...?