Crónica Política

Javier Sánchez de Dios

 

A la vista del informe que el Valedor do Pobo presentó ayer mismo en el Parlamento, no parece que haya dudas de que un país sensato retomaría cuanto antes la "cuestión lingüística" y la encauzaría de forma distinta a la que lleva en los últimos tiempos. Y no sólo porque la institución subraya el riesgo de que acabe convirtiéndose en un problema real sino porque detecta que existen intenciones de que sea así, lo que resulta más grave y preocupante.
Es cierto, y no parece positivo, que el Valedor -quizá por necesidad política de caminar sobre el filo de una navaja- aporta quejas de quienes se sienten discriminados desde el gallego y desde el castellano, y eso podría crear una imagen de descontento generalizado que seguramente tampoco existe. Y que, en todo caso, resolvería la aplicación de la receta que la propia institución emisora del informe prescribe: aplicación estricta de la Constitución.
En esa línea, y conviene subrayarlo, el Valedor coincide en algunos puntos con otro dictamen: el del Consello Consultivo, que no fue atendido cuando la Xunta actual decidió redactar el decreto sobre la aplicación de la llamada "normalización" y que, por lo que se ve, ha sido más bien una "alteración". El máximo órgano asesor del gobierno dijo lo que dijo, no se le atendió y ahora pasa lo que pasa: de ahí que se haya apelado a la sensatez e incluso al bien común.
Algunos observadores han dicho ya que la situación podría complicarse por la evidente utilización de lo que ocurre por las respectivas fuerzas políticas cara a conseguir apoyos en las elecciones anunciadas para la primavera. De ser así, quizá fuese útil una reflexión: no resulta muy probable que la lengua se convierta en motor de propulsión de votos hacia una sigla u otra, salvo los que ya militan, pero eso es cosa diferente porque pertenecen a la hueste de los ya convencidos y por lo tanto no vale la pena un follón como el que advierte el Valedor para una menguada cosecha de nuevo cuño.
Ítem más: en esto, como en tantas otras cosas, podría aplicarse la primera Ley de Murphy -tan denostada por cierta propaganda oficial- y empeorar esta "cuestión lingüística" hasta el punto de politizar -o mejor, partidizar- la figura del actual Valedor do Pobo, que fue elegido por una compleja unanimidad del Parlamento no hace demasiado tiempo tras un largo periodo de reflexión. Hubo ya un conato, también en relación con alguna explicación opinable de su señoría, pero quedó en nada: si ahora se reproduce la polémica por razón del contenido de su informe, el daño sería colectivo, y por lo tanto mucho más grave que si fuese personal. Deben pensarlo quienes pueden evitarlo.
Y es que conviene no olvidar que esto de los idiomas ya provocó graves disturbios. Desde los tiempos de Babel, dicho sea sin ánimo de frivolizar. Conste.

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