Probablemente iluminado por el Espíritu Santo, el Gobierno acaba de alumbrar un paquete de más de treinta medidas para combatir la crisis, entre las que destaca el reparto de 49 millones de bombillas de bajo consumo mediante vales-regalo como los que suelen repartir las tiendas. Está claro que al Consejo de Ministros se le ha encendido por fin la bombilla de las ideas.

Calcula el ministro de Industria en unos 4.000 millones de euros el dinero que España ahorrará gracias a esta luminosa e incluso deslumbrante iniciativa. De esa cifra hay que descontar, desde luego, los 245 millones que la compra de tan desaforado número de bombillas va a costar al contribuyente y los costes que tendrá la campaña publicitaria destinada a iluminar las conciencias de la ciudadanía. Pero aun así, el gasto se daría por bien empleado si el empeño ministerial llegase a buen término.

No es la única medida de orden energético adoptada por este gobierno al que la crítica situación de las finanzas empieza a convertir en provisional. Además del regalo de las bombillas económicas, el departamento de Industria se propone reducir los límites de velocidad y por tanto los de gasto de gasolina a los coches que cada día merodean por los alrededores de las grandes ciudades. Por no hablar de la promoción del uso de la bicicleta como vehículo de tracción humana sustitutivo del automóvil.

Iniciativas como estas evocarán tal vez en los más ancianos el recuerdo del motor de gasógeno (que usaba carbón y leña como combustibles) o el de la bicicleta tándem, entre otros inventos urdidos por el franquismo para capear la terrible crisis económica de la posguerra. Los más jóvenes pensarán que han sido extraídas del baúl de ideas de la señorita Pepis, pero tampoco es cuestión de ensañarse con el Gobierno. Los ministros hacen lo que pueden y no sería justo exigirles que den de sí más de lo que ya se sabe que dan.

En realidad se trata de medidas más bien simbólicas que efectivas, dada la escasa capacidad de maniobra que cualquier gobierno español tiene en materia de finanzas. No está a su alcance fijar el precio del dinero, ni devaluar la moneda, ni mucho menos frenar los costes del petróleo; circunstancias que reducen el margen de actuación de los gobernantes al mero dominio de la ocurrencia y la propaganda.

Así se explica que el Gobierno gallego -a imitación del central- haya anunciado como principal remedio para la crisis la congelación de los sueldos de 156 altos cargos. Tan tajante iniciativa va a suponer el ahorro de 546.000 euros: unos 90 millones de pesetas con los que sin duda se salvará la escasez de presupuestos y aún nos sobrarán a los gallegos cuartos suficientes para pagar la costosa Ley de Dependencia.

Más eficaz e igualmente factible sería, desde luego, la supresión del plus de casi 15.000 euros anuales que los políticos gallegos se concedieron a sí mismos en uno de los raros acuerdos que concitaron la unanimidad de la izquierda, la derecha y los nacionalistas. Se calcula en unos 2.000 el número de ex altos cargos que, tras ejercer durante sólo un par de años su función, podrán llevarse a casa los dos millones y medio de pesetas como propinilla a perpetuidad. Basta una fácil operación aritmética para colegir que la derogación de ese plus ahorraría varios miles de millones cada año a los contribuyentes de este reino.

Sería ilusorio, sin embargo, pedirles a los gestores públicos de Galicia (y de España en general) la renuncia a esa dádiva que ellos mismos se otorgaron como recompensa al mucho estrés que acarrea el ejercicio de la política.

Queda más aparente congelarle el sueldo a los conselleiros o, ya puestos, regalar vales-bombilla a los ciudadanos para que ahorren electricidad, aunque la factura de la luz haya subido dos veces en menos de un año. Ya que no de bombero, el Gobierno tiene al menos ideas de bombilla.

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