Pues la verdad es que, si se aceptan talcomo las reglas vigentes, y de forma especial la "ley" del mercado, resulta irreprochable eso que dijo ayer el señor presidente de la Xunta sobre la imposibilidad de que el dinero público acuda a resolver los problemas privados, sobre todo los originados por una mala gestión. Y lo decía por el caso "Martinsa/Fadesa", claro, pero por otros similares, lo que no dejó claro si era un aviso a navegantes porque espera más casos o sólo una referencia genérica a la doctrina que piensa aplicar urbi et orbi en lo sucesivo.
Queda dicho, y conviene insistir, que la posición del señor Pérez Touriño resulta lógica a la luz de aquella "ley", aunque desde su izquierda algunos consideren que choca con la memoria y con la coherencia de quien profesa y proclama el progresismo político como clave, aunque ese progresismo sea tan tibio como lo es ahora mismo la socialdemocracia. Al menos en el terreno económico, porque es verdad que en otros sigue defendiendo posiciones que podrían denominarse clásicas de ese dogma, desde la eutanasia al aborto pasando por la cuestión religiosa.
Sea como fuere, la primera norma de un gobernante en democracia es respetar las reglas del juego, y en ese sentido las que hay establecen que de los vaivenes de las empresas responden los empresarios. Lo que a continuación procede es también una reflexión sobre quiénes pagan ese pato de verdad y, por tanto, qué tipo de política social habría que habilitar para que los justos no corran siempre con todos los gastos de los pecadores. Y cuando se habla de "justos" se apunta a los trabajadores, a los empleados que acaban en el desempleo. Precisamente.
Los ortodoxos suelen argumentar que los trabajadores tienen el derecho al desempleo cuando pintan bastos y en consecuencia señalan que un buen sistema de prestaciones de ese tipo constituye el núcleo de la política social que se proclama intocable. Y es verdad, aunque aún lo fue más; en los tiempos que corren es preciso no olvidar que hay muchos trabajadores que no tienen ese derecho ni esas prestaciones y que por tanto quedan a la intemperie cuando llegan las vacas flacas financieras: son los llamados autónomos, para los que sobra teoría y falta práctica.
Se les menciona, conste, no sólo porque es de justicia sino porque en Galicia suman casi trescientas mil personas e integran el esqueleto de sectores estratégicos para la economía del país. Necesitan pues un trato diferente al que les otorga la ley del mercado, y el señor presidente Touriño, en la medida en que pueda, ha de tenerlo en cuenta y actuar en su apoyo lo antes posible.
¿O no...?
