Martinsa sigue mereciendo atenciones amplísimas en los medios de información. La suspensión de pagos y lo que con ella puede llegar al mercado inmobiliario, al mercado bursátil y a la economía en general está todavía por ver en su conjunto y en su totalidad, pero se sospecha que hay más de lo que se ve a simple vista: el mal cálculo de una compra que Fernando Martín no pudo afrontar, en buena medida por la desaceleración y frenazo del sector en el último medio año. Pero tampoco faltan rumores que mezclen los créditos a Martinsa con operaciones o con sospechas políticas. Ya el martes, el diario ABC lanzaba la sospecha de que Fernando Martín pudo haber recibido la promesa de Zapatero de obtener los correspondientes créditos del ICO con tal de evitar que la suspensión de pagos se produjera en plena campaña electoral. Hoy, esa sospecha que ayer encerraba una crónica y no llegaba a titulares, se lanza desde los grandes titulares del diario El Economista. Desde el PSOE se ha salido al paso, de manera bastante tímida y apocada, contra esta sospecha, asegurando que es una insidia "bastante poco fundada". ¿La injuria es bastante poco, o en absoluto fundada y justificada?
Pero, efectivamente, mientras se hace el cálculo de los daños que origina al sector inmobiliario y a la economía en su conjunto el asunto Martinsa -los trabajadores afectados por la regulación de expediente, las obras paralizadas, los pisos que no llegarán a terminarse, los eventuales efectos que pudiera llegar a tener esta crisis sobre otras empresas del sector...- ha aparecido otro asunto de considerable envergadura llamado Balanzas fiscales. Desde el Gobierno, y atendiendo a las insistentes reclamaciones de los partidos y del Gobierno catalán, se había prometido que se publicarían tales balanzas o cuentas en las que queda en evidencia lo que cada autonomía recibe y con lo que contribuye a las cuentas del Estado. Desde el Gobierno se hizo más urgente el cumplimiento del compromiso una vez que el Gobierno catalán de Montilla y Castells dio a conocer, la semana pasada, sus propias cuentas, que venían a concluir con el dato de que los catalanes habían aportado 18.000 millones más de euros de los que habían percibido. Apenas transcurrieron un par de horas desde la divulgación de las distintas metodologías empleadas para hacer los variados cálculos desde el Gobierno de Zapatero-Solbes, y ya era un clamor coincidente la reacción de los nacionalistas catalanes: Desde la conservadora Unió Democrática hasta la más izquierdosa Ezquerra, los portavoces emplearon de manera unánime idéntica descalificación a las prácticas gubernamentales: expolio. Según los referidos políticos, el hecho de que una de las regiones más ricas de España hagan aportación a "la otra España", la España pobre, o menos favorecida, las parecía un expolio o robo a los naturales de su propia comunidad autónoma... Con bastante probabilidad, la publicación de las balanzas fiscales no es más que un aperitivo de la controversia que rodeará la negociación de la financiación autonómica, y en ella, la negociación de los ambiciosos propósitos de Cataluña sobre las cuentas públicas.
