El registro... para todos

12.07.2008 | 00:00

Miguel Font Rosell

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Vivenda, nos acaba de obsequiar con el anuncio de un Registro Oficial de Promotores Inmobiliarios que deberá desarrollarse a través de un reglamento, pero que de entrada ya se nos anuncia que el contenido pasará por dar a conocer, no sólo la capacidad técnica de las empresas, sino también su capacidad económica y financiera.
Desde la Asociación de Promotores, cuya misión principal es velar por las buenas prácticas empresariales, venimos pidiendo, desde hace ya tiempo, este tipo de iniciativas, aunque como todo, de forma lógica, bien estructurada y para todos.
En el sector de la construcción actúan gran cantidad de agentes, algunos amparados por titulaciones oficiales que les garantizan el que la sociedad ha de suponer su adecuidad al trabajo encomendado (arquitectos, aparejadores, ingenieros, topografos, etc...), suposición puramente teórica, pero que al menos representa una cierta garantía para el consumidor, quien también está interesado en conocer la adecuidad de promotores, constructores, instaladores y en general de cualquier otro agente que intervenga en el proceso.
En la sociedad existen gran cantidad de actividades, algunas de gran trascendencia, llevadas a cabo por ciudadanos a los que no les ampara ningún titulo oficial, ni carné habilitante, ni certificado alguno de suficiencia. Desde la perspectiva de ofrecer al ciudadano la máxima información sobre aquellos profesionales con quien se juega los cuartos, nos parece perfecto que podamos conocer la capacidad técnica de una empresa promotora, su equipo de producción, sus titulaciones, etc... que nos centre en cuanto a sus virtudes empresariales, al igual que para los constructores, instaladores, subcontratistas, etc...
Lo que no tiene sentido alguno es el incluir en esa información la capacidad económica y financiera, en primer lugar porque es prácticamente imposible el conocerla en cada momento, y sobre todo porque no es determinante a los efectos de suponer garantía alguna para el comprador de una vivienda, que siempre puede, y ha de exigir, por ley, que el promotor le asegure mediante afianzamiento por parte de una entidad de crédito o una aseguradora, las cantidades entregadas a cuenta, con lo cual si el comprador hace bien las cosas y exige sus derechos, no existe riesgo alguno para el, por mucha o poca capacidad económica y financiera que tenga el promotor.
De todas formas, este tipo de registros de capacidad técnica que lógicamente han de abarcar también al resto de los empresarios que actúan en el sector, pueden tener en cuanto a las otras capacidades enunciadas, sobre todo la económica, mejores aplicaciones hacia otros sectores donde también nos jugamos cosas tan importantes como el bienestar en general del ciudadano, y ahí entramos de lleno en la política, actividad mucho menos controlada y mucho mas oscura para el común de los mortales.
Un registro público de políticos en los que conocer sus aptitudes profesionales, sus empresas, sus ocupaciones, su patrimonio, sus sueldos, incluso la posibilidad de ser sometidos tras cada mandato a una auditoría, tranquilizaría enormemente al ciudadano, dignificaría al político honrado e incluso, en el caso de pasar la prueba, podría ser un buen argumento para una sucesiva reelección.
Predicar con el ejemplo siempre ha sido la mejor medicina, y al igual que ha hecho la federación vecinal proponiendo una iniciativa popular por el asunto del Area Metropolitana, quizá también habría que proponer otra iniciativa popular, para pedir este tipo de registros para los políticos, con sus sucesivas auditorías y publicación de los resultados. Seguro que las firmas se conseguirían con suma facilidad.
Valga este artículo para que la mía sea la primera. ¡Ánimo!

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