De modo que, cerrada la primera fase del concurso y confirmada la presencia de buena parte del capital gallego, hay de cara al futuro una incógnita principal en el asunto de las eólicas: saber si la explotación de esa fuente de energía significará, además de un -legítimo- buen negocio para las empresas, otro igual o mejor aún para el país. O, dicho de otro modo, que no se repita lo que con la hidráulica, de la que Galicia es exportadora pero sin haber obtenido, aparte lo obvio, cuanto que hubiera podido.
Y no se trata, conste, de plantear posturas soberanistas sino sólo de puro sentido común. Todo el mundo sabe que en asuntos de política energética hay un horizonte muy específico y unas reglas concretas para moverse en él; y que esas reglas pueden adaptarse hasta cierto punto, aunque no forzarse ni menos aún saltarse. Pero está claro también que ninguna excluye -más bien al contrario- las acciones para lograr que lo que natura dat preste lo más posible a quien lo tiene, que es una máxima que aquí no se aplicó en el pasado y que habrá que tener en cuenta para el futuro.
Desde algunos sectores de la opinión publicada se viene desenterrando la vieja idea de implantar un canon para, en definitiva, compensar a Galicia de lo que no ha tenido en el terreno eléctrico. Es, sin duda, una posibilidad pero hay otras, indirectas, por las que apostar, entre ellas las fórmulas económicas de pago a los municipios en los que se ubican los parques eólicos. Se trataría de ese modo de repartir en origen algo de los beneficios y, de paso, reforzar la llamada "autonomía municipal" por la mejor de las vías posibles, que es la financiera.
La Consellería de Industria, que es la que tiene ahora la palabra, habrá de orientar su decisión -y fallar el concurso-, además de conforme a las reglas y normativa establecidas, con una valoración muy ponderada de los proyectos que debe tener en cuenta su viabilidad técnica y financiera y a la vez su repercusión para crear lo que hasta ahora no hubo aquí, que es una política energética propia -dentro de lo que cabe-, y a la vez un efecto benéfico para las arcas públicas y, desde luego, para las de los usuarios finales del invento, que son los ciudadanos en general.
Todo eso, y alguna otra cosa más, parece haberse tenido en cuenta por la Xunta a la hora de preparar las bases del decreto que regula la concesión, como previsto está, o al menos eso dicen quienes lo saben, un método para blindar el proceso frente a las presiones o las injerencias que pueden producirse -algunas hubo ya- en el itinerario que va desde ahora hasta la resolución. Y es que se trata, como quedó dicho, de un gran negocio potencial, y ya se sabe.
¿O no...?
