El Celta y la ley concursal

 

EDITORIAL

El consejo de administración del Celta decidió esta semana acogerse a la ley concursal -que sustituye a la anterior normativa de suspensión de pagos- como única vía para evitar la desaparición del club. Asfixiado por una galopante deuda de 84 millones de euros, su presidente, Carlos Mouriño, acude a este proceso de manera voluntaria al prever que en breve no podrá hacer frente a las obligaciones de pago. El club se presentará ante el juzgado con un acuerdo previo, ya ultimado, con los principales acreedores -Hacienda y Caixanova- y con un convenio con el Concello que le asegura la concesión de Balaídos durante 20 años, de manera que pueda contabilizarlo como un activo en su balance. A la vía judicial llega con un plan de viabilidad con el que pretende reflotar la entidad en un plazo máximo de 5 años, que incluye una inversión del propio Mouriño de 15 millones.
El recurso a la ley concursal, si el juez da el beneplácito al proyecto, permitirá al Celta un descuento del 50% de la deuda ordinaria pendiente con sus mayores acreedores -una quita tácitamente aceptada por las partes- y una mora de hasta cinco años para el resto, aunque el proceso quedará terminado en cuanto aquéllos cobren.
Pero, ¿quién es el culpable de que el Celta bordee la quiebra? ` ¿por qué sus gestores no actuaron con diligencia suficiente para prevenir esta situación?, ¿qué ha fallado para que ningún organismo público de control encendiera la luz de alarma y pusiera freno a este rumbo hacia el abismo?. Ahora será el juez, quien tenga que dirimir las responsabilidades, si existiesen, y hacer pagar a sus autores según su implicación.
No cabe duda de que el fracaso deportivo de la actual directiva, con el descenso a Segunda y la pésima temporada que hoy acaba, ha sido un factor determinante de esta crisis económica. Pero no parece que sea el único. No se entiende que se llegue a las puertas de una quiebra en sólo dos años, los que lleva Mouriño al frente. Como tampoco parece lógico que un experimentado y potente hombre de negocios como él, fuese tan ingenuo de comprar un club ignorando o desconociendo su frágil salud económica. Entonces, ¿qué es lo que realmente ha ocurrido? La justicia tendrá que esclarecer la verdad sobre esa realidad contable, la heredada y la actual. Más bien parece que ni esta directiva ni la anterior estén exentas de responsabilidades, en lo deportivo y en lo económico.
Pero ahora es el momento de remar todos juntos para intentar salvar a nuestro Celta, algo más que un club para los vigueses: emblema de la ciudad, seña de identidad, referencia para generaciones y generaciones de vigueses desde que se fundara hace 85 años; una pasión, un generador de sueños y decepciones como la vida misma, pero siempre con una afición inquebrantable. Vigo no sería lo mismo sin el Celta.
De ninguna manera, la ciudad puede perder a su club. Las instituciones y entidades locales deben responder a su S.O.S. y auxiliarle aunque sea excepcionalmente en un momento en el que está en la encrucijada. Aunque no sea su función salir al rescate de la mala gestión de sus dirigentes, deben echar una mano, exigiendo las máximas garantías para afianzar el futuro del club, contrapartidas si hace falta, pero no darle la espalda. Los equipos de otras ciudades han tenido esa ayuda.
El caso del Celta no es único, ni siquiera el más grave. Grandes clubes de Primera, entre ellos el eterno rival del Norte, tienen también los pies de barro y cualquier turbulencia los abocaría de seguro a la ley concursal. Otros ya han acudido a ella, como el Las Palmas, el Málaga o el Sporting. El proceso concursal les ha dado la oportunidad de regenerarse y salir del infierno económico, previo sometimiento a la fiscalización judicial. El Celta ha dado el paso. La ciudad y la afición estarán vigilantes. Otro tropezón sería imperdonable.

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