Así pues, y a poco que se analice despacio eso que contó FARO sobre la disposición de vecinos de un barrio de Vigo a organizar patrullas de vigilancia contra los robos y los asaltos a domicilios, a quien habría que pedirle que lo aclare con más detalle es al subdelegado del Gobierno en la provincia. Porque es a él a quien compete garantizar la seguridad ciudadana, y parece evidente que la actitud de los habitantes de aquella zona responde a que eso, sencillamente, no se cumple.
Desde la autoridad gubernativa suelen afrontarse las críticas con un manejo selectivo de las estadísticas que permite la apariencia de que la situación mejora porque el número de delitos desciende. Pero eso, que resulta de maniobras en las cifras, no refleja la verdad, que consiste en que bajó el número de ilícitos de poca monta -y con ello el total- pero creció el de los de mayor cuantía, que son los de asaltos y agresiones y suponen un riesgo real que se siente además como cercano.
Aún así, la posible resurrección del antiguo somatén -descartada tras la reunión de sus promotores con los jefes de las policías: extraña celeridad oficial que no pocos atribuyen al "efecto prensa"- no tiene sentido aquí y ahora. Existen medios técnicos, humanos y materiales para afrontar los problemas, cosa que no sucedía de aquella; y por lo tanto el apoyo a la ley debe plantearse de un modo distinto; con la participación de los ciudadanos, desde luego, pero con otro enfoque y otro desarrollo.
Es muy cierto que faltan agentes, que el despliegue de los que hay es muy mejorable, que las necesidades se han multiplicado y que, por tanto, a veces da la impresión de que la policía no está aunque exista. Y todo eso, que es verdad, podría cambiarse tan sólo mediante una mejor gestión y la aplicación práctica de un principio que todo el mundo asume y dice compartir pero que a la hora de la verdad se queda corto: que la policía debe estar en la calle y no cumpliendo funciones para las que hay otro tipo de persona.
Lo cierto es que la sensación de inseguridad, e incluso el miedo, crece en amplios sectores sociales y que el Estado debe hacerle frente de un modo adecuado. Primero para evitar que aumente la criminalidad y, segundo, porque si no se corrige, existe el riesgo de que aparezca otra brecha, otro elemento de diferencia entre ricos y pobres: aquellos extenderían aún más el ya floreciente negocio de la vigilancia privada y los otros tendrían que echar mano de los somatenes, como hace tres cuartos de siglo.
Semejante esquema sería un disparate, pero para evitarlo van a tener que espabilar más quienes deben.
¿No?
