Los permisos

 

Javier Sánchez de Dios

Pues la verdad es que, dicho con el máximo respeto posible para leyes, reglamentos y demás enseres de lo jurídico, habrá mucha gente a la que a estas horas le dure todavía el respingo tras enterarse de que una veintena de maltratadores de A Lama salieron con permiso penitenciario. Eso sí: todos ellos fueron provistos de unos dispositivos -parece que unas pulseras conectadas por GPS- que permiten su continua localización y, de ese modo, el control de sus movimientos y por tanto la prevención de un rebrote de violencia. En teoría, por supuesto.
El respingo se puede producir por varios motivos. Uno de ellos, y no el menor, al comprobarse que se dota a delincuentes de métodos que podrían servir mejor para proteger a las víctimas, muchas de ellas amparadas por órdenes de alejamiento que sus maltratadores no cumplen y que podrían resultar más efectivas si fuesen las mujeres agredidas quienes dispusiesen de elementos electrónicos de alerta y prevención. Algo que no ocurre, según algunos, por falta de unos recursos que, en cambio, se habilitan para estos permisos carcelarios: vivir para ver.
En este punto procede, quizá, matizar que no se trata de defender una idea medieval de las penas, sino sencillamente de atender primero a quienes más necesitan los medios -siempre escasos- de que se dispone. Y, así, dar satisfacción de una vez por todas a los que defienden que los derechos de quienes cometen delitos deben ir después de los que los padecen, al menos cuando hay que seleccionar los recursos disponibles para atender primero a unos y luego a otros. Porque doña Concepción Arenal, verbigratia, habló de compadecer al delincuente, no de primarle.
Ya puestos, y aceptando -sin compartirlas- otras opiniones, parece adecuado señalar que el momento para ensayar con permisos penitenciarios no es el más oportuno, fresco como está en la memoria de todos el vergonzoso episodio de la fuga consecutiva de cuatro narcos gracias a la generosa interpretación del reglamento que hizo un juez. Que, por cierto, a pesar de la alarma social provocada, fue respaldado por su Consejo, el CGPJ, en una decisión que, por muy formalmente legal que fuera, causa vergüenza a cualquiera que la vea desde la simple normalidad.
Ítem más: con casos de violencia ocurridos a diario, y con parte de la doctrina científica discutiendo si este tipo de delincuentes se rehabilitan o no, es por lo menos exigible que se actúe con más cautela y se recomiende aquello de que los experimentos con gaseosa. Y, en todo caso, que se revise el reglamento penitenciario para adecuarlo al sentido común y no a un supuesto sentido humanista de la justicia que lo es sólo para los malos o, según muchos observadores, más que para los buenos. Y eso no puede ser, entre otras razones porque repugna a la recta razón, que es la que ha de darle sentido al sistema. ¿O no?

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