España, constitucionalmente es un Estado Social y Democrático de Derecho, del que Galicia, Euskadi y Cataluña forman parte. Por su propia esencia, la Constitución representa la ley de leyes y por lo tanto la norma máxima en materia legislativa.
En su artículo 3 deja bien claro lo siguiente: "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla". A este respecto, el Tribunal Supremo, ya desde el año 1984, viene manteniendo una jurisprudencia constante sobre la "no exigencia del mismo deber, ni expresa ni tácitamente, respecto a las demás modalidades lingüísticas de España", lenguas sobre las que se tiene el derecho a usarlas, pero no el deber, lo que si ocurre con el español.
Por otra parte, la lengua, por principio, es un instrumento de comunicación, un vehículo positivo de expansión, no un arma de distinción con la que separar y atrincherarse en lo propio.
Los gallegos tenemos dos lenguas, una de ellas enormemente rica, con la que podemos entendernos con millones de personas en todo el mundo, viajar, con una historia envidiable, nuestra lengua universal e internacional, la lengua que tras el inglés, mas práctica resulta actualmente en el mundo, un auténtico tesoro, la lengua española. La otra, la de andar por casa, tan respetable como la que más, no tiene mayor utilidad, en condiciones no impuestas, que ser vehículo de comunicación natural entre una minoría de nuestra sociedad. No se habla en ningún lugar del mundo ni tiene futuro alguno allende nuestras fronteras locales. Afortunadamente nuestra Constitución le garantiza su protección, así como el derecho de quienes quieran a utilizarla, transmitirla y enseñarla a quienes así lo demanden.
Seguro que cualquier gallego, catalán o vasco, consideran a sus hijos como su mejor tesoro, y en un país que se constituye en Estado de Derecho aspiran a lo mejor para ellos. En ese marco, la inmensa mayor parte de los gallegos desean ser libres a la hora de elegir la mejor educación para sus hijos, y en ello va incluida la elección del idioma en que esos hijos habrán de ser instruidos. La inmensa mayor parte de los gallegos desean ejercer el derecho de que sus hijos sean escolarizados en español, al igual que los propios hijos, quienes ni se sienten cómodos hablando y aprendiendo en gallego por obligación, ni ven en tal idioma futuro alguno, un derecho del que no disponemos los gallegos a quienes se nos impone para lo mejor que tenemos, nuestros hijos, una enseñanza que no elegimos.
Entiendo que no es la mejor manera de defender el gallego ni de hacerlo un idioma amable ni querido, el imponerlo dictatorialmente. Querer, estudiar y utilizar un idioma es una decisión personal de ciudadanos libres. En la España actual, a nadie se le niega el derecho en Galicia, de estudiar en gallego, pero paralelamente a nadie se le puede negar también el derecho a estudiar en el otro idioma que tenemos los gallegos, el español, idioma del que además tenemos la obligación constitucional de conocer.
En un estado democrático, el futuro de un idioma no ha de ser lo que impongan unos pocos, sino lo que quieran los ciudadanos. En libertad, siempre habrá quien quiera defender el gallego hasta hacer de él la causa de su existencia, incluso sintiendo que sus orígenes se extienden mas allá de su fecha de nacimiento y considerar tal circunstancia poco menos que sagrada, es muy dueño de hacerlo, pero para nada le da derecho a imponer ese sentimiento a los demás, a los hijos de los demás y más cuando se trata de un idioma que en el mundo no tiene aplicación práctica alguna.
Hagamos que el gallego sea una lengua amable y querida, hablada desde la más absoluta libertad por quien se enorgullezca de ello, la enriquezca, la transmita y pueda ser recibida agradablemente por puro convencimiento, una lengua que conviva con el español, sin que tenga que ser impuesta. Quienes piensan que están en Galicia y deben hablarle a todos en gallego, que lo hagan si su educación no se lo impide, pero que respeten la libertad de quien tiene derecho a no opinar como ellos.
En la prensa local aparece la noticia de que "A mesa pola normalización" se queja y amenaza con expedientes, debido al "masivo" incumplimiento del decreto 124/2007 sobre todo en ciclos formativos y en educación infantil. En democracia, cuando algo así se produce, de forma "masiva", significa que es la ley la que falla, eso es la esencia de la democracia. Sólo los fascismos pretenden imponer con sanciones lo que los ciudadanos rechazan de forma masiva.
Desgraciadamente, la dinámica de las alianzas políticas entre perdedores para poder gobernar, que no la del voto, está muy por encima del sentido común y, actualmente en la Xunta, el partido socialista gobierna de la mano de quien exige la imposición del gallego por encima de todo, por lo que resulta impensable que desde el gobierno gallego se ponga sentido común y respeto a la libertad, en esta cuestión.
En Galicia empieza a ser ya un clamor la exigencia de mayores libertades en el uso del idioma. El franquismo impuso el español en la escuela, algo censurable y extremadamente censurado, aunque se tratase de un idioma realmente útil. Ahora la Xunta (no hablemos de catalanes y vascos...), por oportunismo político y con la misma actitud, impone el gallego, de nula utilidad, haciendo de Galicia una autonomía incompleta en cuanto a derechos y libertades, un lamentable paso atrás para nuestros hijos y para nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.
¿Mismos perros con distintos collares?.
