Pues muy buena pinta no tiene, la verdad sea dicha, el jaleo ése que se está organizando entre la Consellería de Vivenda y una parte del sector de la construcción para cambiar el contenido de lo que dispuso la señora Táboas hace varios meses. Y como ese sector parece reforzado por la nueva dirección de la Federación de Municipios y, a lo que parece, incluso confortado con la opinión de la Presidencia de la Xunta, el asunto se complica aún más y le proporciona aspectos delicados y de mayor alcance aún que el propio, que ya no es pequeño.
Para empezar, lo que sorprende es el jaleo mismo porque se desencadena sólo una semana antes, poco más o menos, de la entrada en vigor de lo dispuesto por Vivenda. Y como tiempo para dialogar sobre ello con los afectados y por supuesto entre los que ahora matizan, la primera pregunta es por qué ahora sí y antes no. La segunda, claro, ha de ser qué se pretende de verdad, porque puede ser cierto que las normas de habitabilidad encarezcan los pisos, pero no lo es menos que mejoran la media de lo que hay y además el sector está afectado por cosas peores y se queja la mitad.
En lo que a promotores y constructores se refiere -las quejas de los arquitectos parecen más bien de carácter profesional, hay quien cree que corporativas-, tiene razón la Consellería cuando dice que achacar a su texto un alza de precios cuando hace años que no paran de crecer es exagerado y casi provocador. Y aunque no lo haya dicho aún, la gens del BNG empieza a sospechar algunas intenciones que no serían de recibo entre sus compañeros de coalición. De ahí que alguien haya hablado ya de una pinza entre el PSOE y el PP para apretar al Bloque.
Y puede que no vayan desencaminados. La nueva dirección de la federación gallega de municipios -del PSOE-, por ejemplo. desde que tomó posesión viene planteando una serie de acciones legales contra decisiones que supuestamente afectan a la autonomía local pero que en su práctica totalidad emanan del lado nacionalista de la Xunta. Y, en cambio asumen en silencio y como si nada situaciones que, como la del gigantesco atasco urbanístico, causan enormes daños a los Concellos por falta de ingresos y que son imputables al otro lado del gobierno gallego.
Con semejante apariencia -y si sólo es eso, o un espejismo provocado por los calores políticos, alguien habría de explicarlo que hay de verdad con todo detalle-, no ha de extrañar que muchos observadores hablen ya de ambiente preelectoral y disputas internas para ir reforzando, en unos casos, el propio área de influencia o debilitándolo en otros. Algo que podría ser de recibo en una sociedad deportiva e incluso, por ejemplo, en una comunidad de propietarios pero que en un gobierno del que dependen tres millones de personas es inaceptable, por no utilizar adjetivos más duros, de esos que no gustan a nadie. ¿Eh?
