Una financiación autonómica solidaria

 

En el plazo de pocos meses se publicarán las balanzas fiscales de las autonomías, según ha anunciado el presidente Zapatero en el debate de investidura, lo que ha puesto en alerta a las comunidades con menor renta per capita. La medida responde a la petición de los partidos catalanes, con el objetivo de que se conozca lo que aportan al fondo interterritorial para justificar que deben quedarse con más recursos propios para mantener el crecimiento y no verse igualados o superados por otras autonomías. Como afirmó el presidente catalán Montilla, el actual sistema de financiación ya no es suficiente para sufragar cuestiones como la enseñanza y la sanidad, competencias de la Generalitat.
Lamentablemente, el debate sobre la financiación autonómica, que es vital para garantizar el principio de igualdad entre los territorios, que garantiza la Constitución, no sólo no ha sido uno de los ejes centrales de la investidura sino que pasó casi inadvertido, cuando si se modifican los actuales parámetros de equidad se dañará a las comunidades con menos renta per capita, como es el caso de Galicia.
El programa electoral de los socialistas catalanes (PSC) incluía entre sus propuestas la "equiparación progresiva" de los ingresos de la Generalitat con los que disfrutan por sus especiales conciertos históricos Navarra y Euskadi. Es una reivindicación que comparten los otros grupos catalanes, CiU, ERC e IC.
El espléndido resultado que obtuvo el PSC en las pasadas elecciones, que aporta un número de escaños decisivo a la victoria de Zapatero, y el influyente grupo de presión procatalán del que se rodea el presidente en La Moncloa, que reclama de forma permanente mayores cuotas de poder para influir en las áreas económicas, unido al juego que está obligado a desempeñar el gobierno en minoría con las fuerzas nacionalistas catalanas y vascas, abre un inquietante proceso que puede afectar al fondo de compensación financiera de Galicia.
De aplicarse en Cataluña un sistema de financiación similar al de Euskadi o Navarra, Galicia podría perder el 17% de los ingresos que recibe ahora, más de 1.350 millones de euros, según un estudio del catedrático de Economía Angel de la Fuente.
En la Xunta de Galicia, donde gobiernan PSOE y BNG, no se oculta la inquietud ante los graves perjuicios que podría ocasionar a la comunidad la consecución por parte de la Generalitat de sus aspiraciones en un sistema de financiación en el que Galicia necesita aumentar el fondo de suficiencia de compensación interterritorial.
Máxime en un momento en que la propia Consellería de Economía acaba de anunciar que las previsiones de crecimiento de la economía gallega para este año descenderán del 3,5% al 2,8%, un recorte que afectará a la prevista creación de empleo, que se reducirá en 12.000. Una previsión optimista, si se tienen en cuenta los datos del FMI, que rebaja las perspectivas de crecimiento de España al 1,8%.
Eso significa que si se modifica la financiación autonómica en la línea que propone la Generalitat, Galicia no sólo no podrá llegar a la convergencia con las comunidades más prósperas al ritmo previsto, sino que tendrá aún más dificultades para afrontar los elevados gastos que supone la prestación de servicios sociales y sanitarios a una población tan dispersa y envejecida como la gallega. La situación se agrava cuando la Xunta tiene que gestionar el nuevo sistema de atención a las personas en situación de dependencia, cuyos primeros pasos han comenzado a darse.
Sin los mecanismos de compensación financiera, imprescindibles para que se pueda garantizar el sistema de solidaridad básico para que autonomías que salieron desde distintos puntos de partida puedan igualarse, Galicia daría un paso atrás.
Es evidente que los criterios de financiación que quiere Cataluña no son los que convienen a Galicia, que debe oponerse con todas sus fuerzas a que la población prime en el reparto de los fondos de compensación entre comunidades, cuando España creció en cinco millones respecto al anterior modelo, mientras Galicia apenas ha incrementado su censo que ha envejecido y sigue tan disperso como su geografía.
La financiación autonómica, cuyo debate el gobierno aplazó la pasada legislatura, es la auténtica piedra angular que vertebra la cohesión territorial y social de un país. Su revisión llega en el peor momento, al final de un periodo de bonanza, con la alerta roja de una crisis inminente y unas demandas fiscales que reclama Cataluña que pueden romper el sistema de solidaridad entre autonomías. Encajar esas piezas en el puzzle presupuestario sin que perjudique a comunidades como Galicia, con una renta per capita 14 puntos inferior a la media parece una misión imposible.
Quizá ha llegado el momento de tomar en serio de que todos constituimos un mismo Estado en el que hay comunidades que necesitan una generosa comprensión por parte de las más beneficiadas. Por todo lo expuesto, el gobierno gallego no puede asumir ni aceptar ninguna discriminación de derechos y obligaciones básicas para los ciudadanos que formamos parte del mismo país. La Xunta ha rechazado que se utilicen las balanzas fiscales para negociar la financiación, pero deberá adoptar una postura intransigente contra todas las presiones para impedir que la divulgación de esos datos sean un arma arrojadiza contra los intereses de sus ciudadanos.

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