A estas alturas, y visto lo que hay, quizá sea tiempo para que se acepte la invitación del señor vicepresidente Quintana, y si alguien alumbra una idea mejor que la de la Xunta sobre la cuestión gitana, que la exponga para su estudio. Lo que, si resulta bien traducido, no significa tanto que el gobierno gallego haga dejación de funciones, cuanto que el problema es delicado y que en su solución caben muchos matices. Tantos, al menos, como Administraciones se implican en su búsqueda, por cierto, aunque ninguna haya estado hasta ahora a la altura necesaria.
Sin la menor pretensión de establecer un ránking de culpas, sí que parece necesario recordar que los municipios tienen una primera responsabilidad en el asentamiento de personas, y que desde hace lustros los poblados chabolistas están donde están porque se consienten en vez de integrarlos. Y enseguida se convierten en focos de delincuencia, lo que significa que la Administración central -como la Judicial- ha mirado para otro lado durante demasiado tiempo. Y también la provincial, que tiene recursos para las áreas sociales y los ha dedicado a otros menesteres.
Y no se deja para el final a la autonómica a causa de que lo haya hecho mejor sino porque, al ser la última en llegar, ha tenido menos tiempo para meterle mano al asunto. En los años transcurridos desde 1981 ninguno de los gobiernos gallegos ha entrado en el problema con los medios y la decisión precisos para resolverlo y por tanto el resultado ha sido un empeoramiento progresivo; de no existir personas afectadas, podría resumirse la cuestión repitiendo lo de que "entre todos la mataron y ella sola se murió". Váiche bóa.
Así las cosas, y en un hipotético orden de prioridades, parece sensato que actúen primero y cuanto antes la Policía y los jueces, para llevar a cabo lo que más se necesita: eliminar los focos de delincuencia cuya actividad da argumentos a los vecinos que se oponen a los realojos de familias gitanas. Porque es verdad que puede haber en algunos un racismo más o menos latente, pero no lo es menos que muchos recelan y con razón de la conversión de sus barrios en focos de actividades ilícitas. Y tienen pleno derecho a que no se les transfieran problemas que ahora no padecen.
Claro que también los gitanos que no delinquen tienen derecho a vivir con la dignidad propia de cualquier otro ciudadano y por tanto a que se aborde y resuelva la cuestión de la marginalidad, que alienta y origina otros muchos males; por eso el protagonismo para hallar remedios corresponde a la Xunta, pero más como coordinadora de las actuaciones combinadas que como hacedora de milagros. En esa línea, la idea de la transición como fórmula para ganar tiempo puede ser válida, aunque habrá de procurarse que no equivalga a la de provisionalidad, porque ya se sabe que aquí lo provisional acaba siendo permanente. ¿O no...?
