La prudencia

 

Javier Sánchez de Dios

De modo que, oído con atención lo dicho por el señor presidente Touriño sobre la apuesta nacionalista de fomentar la rotulación en gallego de los comercios, procede subrayar, sobre todo, dos puntos. Uno, el llamamiento -y la insistencia- de don Emilio para actuar en materia lingüística desde la prudencia y el respeto escrupuloso a los derechos de todos. Otro, la indicación de que el asunto era, de momento, sólo iniciativa de un Grupo Parlamentario y, por lo tanto, susceptible de matizarse bastante en el trayecto que le falta por recorrer en la Cámara.
Tiene razón, su señoría, en ambas líneas argumentales. En la primera, porque el respeto a la defensa de los derechos de todos no sólo le respalda la doctrina, sino también la lógica esencial del sistema democrático. En la segunda, porque en efecto hay tiempo y margen para dialogar sobre continente y contenidos de la propuesta. Aunque -para ser del todo exactos- convendría no olvidar que la idea es del Grupo Nacionalista, se sustenta en la letra del pacto de gobierno y, por tanto, no puede ser tratada por su socio como si su procedencia fuera extramuros de la Xunta. Ojo.
Los proponentes se basan, además de en ese pacto, en algo que parece cierto: si alguna lengua necesita ahora mismo impulso y amparo en Galicia es el gallego, y por tanto no ha de ser raro que un gobernante del BNG quiera proporcionárselo. Y añaden desde el Bloque la necesidad de evitar en esta materia bulos y manipulaciones que crispan, confunden y obligan a debates que aportan poco; y justo es decir que no parecen ir desencaminados en eso, a juzgar por lo que se oye -y lo que se lee- en algunos sectores de la oposición política y social.
Ocurre que para poner las cosas en su sitio, la llamada presidencial a la prudencia debiera ser atendida al mismo tiempo por los nacionalistas, que tienen la obligación moral y política de potenciar la lengua propia, pero además respetar los derechos de todos a usarla o a no usarla. En ese sentido no parece ilícito en absoluto que fomenten su empleo mediante ayudas a la rotulación comercial en gallego; lo que resultaría difícil de explicar, además de muy probablemente inconstitucional, es que sancionasen a quienes decidan hacerlo en español.
Son, como podría decirse en términos coloquiales, gajes de la democracia: la libertad que durante tanto tiempo reclamó el BNG, y por la que sufrieron tantos de sus hombres y mujeres, no puede restringirse ahora, aunque no se comparta la filosofía de quienes a ella apelan. A eso se le llama también coherencia, y es igualmente aplicable al PPdeG, que ahora debiera abstenerse de echar leña al fuego: al fin y al cabo, la Ley de Normalización Lingüística fue una iniciativa suya cuando gobernaba, y aprobada por unanimidad en su momento. Que ahora esté en la oposición no cambia nada de eso, ni justifica olvidarlo.
¿Eh...?

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