La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció ayer que varias de las 27 muertes registradas en las protestas antigubernamentales de Nicaragua tienen el perfil de "ejecuciones extrajudiciales". Por esta razón, la ONU reclama "investigaciones rápidas, profundas, independientes y transparentes".
Para el Alto Comisionado, resulta "esencial" una investigación de "las denuncias de utilización excesiva de la fuerza por la Policía", según informó ayer en Ginebra su portavoz, Liz Throssell.
Sobre el terreno, la retirada de la reforma de las pensiones anunciada el lunes por el presidente Daniel Ortega no ha puesto fin a las protestas, que ayer cumplieron su séptimo día consecutivo y cuentan con el apoyo de la patronal y la Iglesia local. Los manifestantes, cuya columna vertebral son los estudiantes universitarios, exigen la renuncia del sandinista Ortega y el fin de la represión, a la vez que denuncian la utilización de fuego real de varios calibres en los intentos de disolución de las protestas.
La mayor protesta que ha conocido Ortega en los once años de su segunda etapa en la Presidencia le ha puesto contra las cuerdas. "La gente pide democracia, libertad, elecciones libres, un gobierno transparente, separación de poderes, estado de derecho. La gente quiere libertad", declaró a la agencia AFP el excanciller Norman Caldera. "Si (Ortega) no accede, va a ser difícil detener esto. El pueblo demostró que es una gran mayoría y el aparato represivo no da para detener la magnitud de las protestas", advirtió Caldera.
