El fiscal especial que investiga la trama rusa en EE UU, Robert Mueller, anunció ayer en un comunicado que la justicia ha inculpado a trece ciudadanos rusos y tres empresas por supuesta injerencia en las elecciones presidenciales de 2016. No obstante, el comunicado resalta que no hay pruebas de que la intervención rusa haya alterado los resultados de los comicios. Rusia tardó apenas minutos en calificar de "absurdas" las imputaciones.

Según Mueller, los imputados, que conspiraron desde 2014 hasta la actualidad, se presentaban como estadounidenses y controlaban cuentas en las redes sociales orientadas a asuntos social y políticamente divisivos. Bajo la dirección de Yevgeny Prigozhin, un estrecho aliado del presidente ruso, Vladimir Putin, el grupo conectó con un "significativo número" de estadounidenses.

Su "objetivo estratégico" era "sembrar la discordia en el sistema político estadounidense" y a mediados de 2016 apoyaban la campaña de Donald Trump y denigraban a Hillary Clinton, igual que en meses previos habían atacado a los rivales republicanos de Trump en las primarias de ese partido.

El grupo tenía su sede en la ciudad natal de Putin, San Petersburgo, pero algunos de los acusados viajaban a regularmente a EE UU, con escalas en Nevada, California, Nuevo México, Colorado, Illinois, Michigan, Luisiana, Texas, Georgia y Nueva York. Un operador político estadounidense no identificado es acusado de instruir al grupo para centrarse en los llamados "estados bisagra" (swing states), que oscilan entre el apoyo a los republicanos o a los demócratas en las elecciones.

Se cree que "centenares" de personas estuvieron involucradas en la operación, trabajando a turnos, con un presupuesto de millones de dólares. Sus objetivos eran redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.

Entre tanto, sigue la batalla migratoria, vinculada a la presupuestaria. Los dos planes que se encontraban en el Congreso -el bipartidista y el presentado por la Casa Blanca- han sido rechazados por el Senado. Ambos pretendían regularizar a 1,8 millones de jóvenes inmigrantes ("dreamers"), pero el de la Casa Blanca ponía, además, trabas a la inmigración regular, tanto por la vía de la reagrupación familiar como por la llamada "lotería de visados", el cupo concedido a ciudadanos de países con bajas tasas de inmigración.

En un plano más personal, una segunda mujer, esta vez una exconejita "Playboy", Karen McDougal, afirmo ayer haber tenido relaciones sexuales en 2006 con Trump y aseguró que había una trama para ocultar esa infidelidad. La revelación de McDougal se suma a la admisión de que el abogado de Trump pagó unos 100.000 euros a una actriz porno, Stormy Daniels, para que mantenga el silencio sobre otra infidelidad del magnate, también en 2006.