La CDU de la canciller Merkel, sus aliados bávaros de la CSU y los socialdemócratas del SPD apuraban anoche las últimas horas del plazo final "improrrogable" que se concedieron el domingo para formar un gobierno de coalición. Un Ejecutivo cuyo alumbramiento, adelantó Merkel por la mañana, exigiría "dolorosos compromisos" por parte de todos. Los líderes negociadores han convocado una rueda de prensa a la una de esta tarde para explicar el punto final al que han llegado sus conversaciones.

La ironía de esta agónica negociación es que los ciudadanos han ido retirando su apoyo a los protagonistas a medida que se desarrollaba. Hasta el punto de que, cuatro meses largos después de las elecciones de septiembre pasado, un sondeo del instituto INSA concede solo un 30,5% de respaldo al bloque conservador CDU-CSU y hunde a los socialdemócratas en el 17%, mientras la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) se alza hasta el 15%, pisándoles los talones.

En total, un escuálido 47,5% de apoyos que deja a los eventuales aliados fuera de la mayoría demoscópica, y que contrasta con el 53,4% que alcanzaron en septiembre gracias al 32,9% del bloque de Merkel y al ya entonces históricamente bajo 20,5% del centro-izquierda encabezado por el expresidente de la Eurocámara Martin Schulz.

Los "dolorosos compromisos" que Merkel se dijo ayer dispuesta a asumir para gozar de un cuarto mandato -mientras Schulz se mostraba optimista sobre la posibilidad de un acuerdo- están obligados por el hecho de que, tras largas jornadas de negociaciones, las partes siguen encalladas en dos asuntos: la reforma del sistema de salud y la reglamentación de los contratos de trabajo temporales.

Eso sí, el lunes se alcanzó un acuerdo sobre la política comunitaria, en la línea de las reformas propuestas por el presidente francés Emmanuel Macron, en particular sobre un presupuesto de la eurozona. Aunque sin duda con un perfil más bajo que el avanzado desde París, esta iniciativa se presenta como el principio del fin de las políticas de austeridad.

Respecto a los escollos aún vivos, los socialdemócratas piden una reducción de las actuales desigualdades entre los servicios públicos de salud y los seguros privados, y que las empresas recurran menos a los contratos temporales. Sin embargo, en ambos puntos, los conservadores se mantienen firmes. También hay divergencias sobre el nivel que debe asignarse al gasto militar o sobre la política de exportación de armas.

Los de Schulz saben que un exceso de concesiones puede llevarles por la vía del socialismo francés, defenestrado en las elecciones presidenciales y legislativas de abril-mayo y junio pasado. Y saben que en el diálogo con Merkel se han dejado muchas plumas.

En primer lugar, su renuncia a la promesa electoral de subirle la fiscalidad a las rentas más altas. En segundo lugar -y todavía peor aceptado por sus bases que la claudicación fiscal- sus concesiones en inmigración. Los bávaros del CSU han logrado que avalen un tope a la entrada de refugiados de 220.000 por año. Y, lo que es peor, han puesto diques a la reagrupación familiar que han sido considerados por parte de sus bases como un atentado a los derechos humanos: sólo mil personas al mes podrán llegar a Alemania desde el próximo agosto para reunirse con sus familiares.

En el caso de que las cúpulas de los partidos apuren con éxito sus plazos, el acuerdo que alcancen tendrá que ser sometido, durante varias semanas de febrero y marzo, a una votación por correo en la que tienen derecho a participar los 440.000 afiliados al SPD.