"Juntos. Por nuestra Austria". Así se llama el programa de Gobierno presentado ayer por conservadores y ultranacionalistas, en el que destacan el endurecimiento de la política de inmigración, el recorte de derechos a extranjeros y la defensa de una Unión Europea (UE) con menos competencias pero más eficacia.
En la presentación de los detalles del acuerdo de Gobierno, Sebastian Kurz, el líder del Partido Popular austríaco (ÖVP) y futuro canciller federal, aseguró que Austria necesita cambios y lamentó que en los últimos años el país haya pasado de ser "una Alemania mejorada" a "quedarse rezagado". Junto a Kurz, el jefe del ultranacionalista Partido Liberal (FPÖ) y futuro vicecanciller, Heinz-Christian Strache, destacó que una de las prioridades del nuevo Ejecutivo será detener la inmigración ilegal. El líder ultra aseguró que para su partido es una prioridad "detener la inmigración al sistema social" de Austria. Así, la renta mínima para los solicitantes de asilo se reducirá hasta los 365 euros mensuales que, dijo Strache, podrá ser complementada con un "bono de integración" de 155 euros.
El Gobierno también luchará contra el fraude en las peticiones de asilo, tramitará más rápidamente las solicitudes y acelerará las expulsiones de falsos solicitantes de asilo.
En relación a la inmigración, Kurz insistió por su parte en rechazar el sistema de reparto solidario de refugiados, una estrategia que sí defiende al actual canciller, el socialdemócrata Christian Kern.
"No podemos perder el tiempo en la discusión del reparto de refugiados, cuando sabemos que no funciona", señaló Kurz, que se une así a la postura defendida por Eslovaquia, Hungría, República Checa, Polonia, y que supuso a estos tres últimos países un procedimiento de infracción por no cumplir sus compromisos.
Kurz, que mantendrá las políticas europeas bajo su control, separadas del Ministerio de Exteriores en manos del FPÖ, indicó que el nuevo Gobierno tiene una "orientación proeuropea" y que los dos partidos quieren "contribuir de forma activa en la UE".De hecho, el líder del FPÖ anunció que su partido había renunciado durante la negociación con los populares a la posibilidad de que la salida del país de la Unión Europea pudiera ser decidida algún día mediante un referéndum.
El pacto de Gobierno entre ultranacionalistas y conservadores defiende el concepto de subsidiariedad en la toma de decisiones en la UE, de forma que Bruselas se encargue de las grandes cuestiones, como política exterior, pero deje en manos de los Gobiernos nacionales o regionales otros asuntos.
