Los ministros de Exteriores de la UE acordaron ayer imponer a Venezuela un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la "represión interna", y abrieron la puerta a la posibilidad de imponer sanciones personales contra los dirigentes del país latinoamericano. Bruselas justifica las medidas por la crisis política del país y para "apoyar una salida pacífica negociada".
El Gobierno de Caracas repudió las sanciones y aseguró que la decisión pretende "imponer ilegales, absurdas e ineficaces" medidas "contra el pueblo", "violando descaradamente el derecho internacional" y "siguiendo la línea de conducta de Washington".
La imposición de sanciones se produjo en el día en el que el Gobierno venezolano celebró una primera ronda negociadora en Caracas para reestructurar su deuda externa y evitar una declaración de quiebra. Responsables económicos se reunieron con 419 representantes de tenedores de bonos, que representarían el 91% de los acreedores exteriores de deuda pública.
El presidente, Nicolás Maduro, anunció horas antes de la reunión el logro de un acuerdo con Rusia para reestructurar la deuda bilateral. La situación financiera de Venezuela se ha agravado desde la imposición por EE UU de sanciones financieras el pasado agosto.
