El nuevo gobierno tunecino, remodelado esta semana para afrontar la aguda crisis económica y social que sufre el país, ha sido recibido con severas críticas internas y externas, que advierten del aumento de la influencia del partido islamista Ennahda y del progresivo regreso del antiguo régimen al único país democratizado tras las revueltas árabes de 2011.

La necesidad de un cambio era clara desde que meses atrás el FMI cumpliera su amenaza y congelara al país un crédito de 2.500 millones de dólares, en castigo por la incapacidad del Gobierno de avanzar en el programa de reformas estructurales exigido.

Sin embargo, lo que se intuía como un retoque limitado, se ha convertido en un tsunami que se ha llevado por delante a trece ministros y siete secretarios de Estado, entre ellos los responsables de carteras clave como Defensa, Interior, Justicia, Economía y Finanzas, revelando la fragilidad de los actuales pactos políticos.