El ministro británico para el "Brexit", la salida británica de la UE, David Davis, anunció ayer que su país quiere "flexibilidad" en la nueva ronda negociadora, la tercera, que hoy se inicia en Bruselas. Según Londres, las negociaciones de esta semana se centrarán en asuntos técnicos antes de abordar conversaciones más sustanciales en septiembre.
El Gobierno de Theresa May espera "voluntad de compromiso" de la UE para resolver asuntos como el cálculo de la factura que el Reino Unido deberá pagar por sus compromisos ya adquiridos respecto al presupuesto plurianual comunitario. La pasada semana, el Ejecutivo británico admitió por primera vez que habrá de pagar una factura, pero no se pronunció sobre el montante, para el que la UE ha barajado cifras entre 60.000 y 100.000 millones de euros, consideradas "excesivas" por Londres.
El "Brexit" está previsto para marzo de 2019 y en los últimos días Londres hizo públicas sus posiciones sobre algunos de los asuntos cuya negociación es más acuciante: el mercado único, los derechos de los comunitarios en Reino Unido y los de los británicos en la UE, y la frontera entre las dos Irlandas.
Así, Londres ha explicado que, tras el "Brexit" desea un periodo de transición, de hasta dos años, que permita mantener una unión aduanera. La unión aduanera es el área libre de aranceles de la UE y se diferencia del mercado único en que este último abarca el libre movimiento de mercancías, servicios, capital y personas.
De igual modo ha expresado el Gobierno de Theresa May su voluntad de que no se restablezcan las fronteras físicas entre las dos partes de Irlanda, suprimidas a raíz de los acuerdos de Viernes Santo de 1998, aunque la salida del Reino Unido de la UE convertirá la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda en una frontera exterior de la UE.
En cuanto a los ciudadanos, Londres pretende que quienes ya se encuentren en Reino Unido, o en la UE, mantengan todos sus derechos de residencia y trabajo. Con todo, pretende penalizar la contratación de comunitarios por empresas británicas y no se ha pronunciado sobre derechos sanitarios y ayudas sociales.
También dio pistas sobre el Tribunal de Justicia Europeo, anunciando que permitiría que tenga jurisdicción en el Reino Unido o reclamando que se llegue a un acuerdo para que exista una "cooperación estrecha" entre las partes para resolver disputas legales tras completarse el "Brexit".
Londres se mostró igualmente a favor de establecer un marco que garantice que ambas partes seguirán protegiendo y compartiendo datos personales de una manera "segura, adecuada y regulada".
El Partido Laborista de Jeremy Corbyn indicó ayer que la formación quiere que el Reino Unido conserve el mercado único europeo, y no solo la unión aduanera, durante un periodo de transición. En un artículo en "The Observer", el portavoz laborista para el "Brexit", Keir Starmer, anunció que un futuro gobierno laborista cumpliría con "los mismos términos básicos" de la actual participación británica en la UE durante un periodo de transición, que los expertos calculan entre 4 y 5 años.
