La decisión por parte de la oposición keniana de acudir a la vía judicial para resolver sus denuncias sobre fraude electoral en las pasadas elecciones permitirá suspender, al menos de momento, la querella que periódicamente desangra el país al término de cada celebración de elecciones.

El eterno líder opositor, Raila Odinga, acabó rectificando las palabras de su formación que advertían que no acudirían a la justicia. En su lugar, decidió "darle otra oportunidad" al Tribunal Supremo keniano, para que este "se redima" de las decisiones que tomó en 2013, cuando la oposición perdió todos los recursos contra la elección del actual presidente. Una decisión que, a pesar de optar por el apaciguamiento en las calles y la resolución del conflicto por vías institucionales, está claramente planteada en forma de ultimátum y dista mucho de proclamar el abandono definitivo del recurso a la violencia.

En Kenia, las elecciones significan peligro. La población hace acopio de alimentos y provisiones para encerrarse en sus casas ante la posibilidad de que el perdedor no acepte los resultados y desate una ola de violencia interétnica, como ya sucedió en 2007. En esa ocasión, el mismo candidato opositor, Raila Odinga, denunció el fraude en unas elecciones que perdió por un estrecho margen y su rechazo al nombramiento del anterior presidente, Mwai Kibaki, provocó el estallido de unos enfrentamientos civiles que dejaron más de 1.000 muertos y alrededor de 600.000 desplazados. Odinga recibió por aquel entonces el respaldo de la delegación de observadores electorales de la Unión Europea en sus acusaciones, que pidió una investigación independiente sobre los comicios y llegó a afirmar que en ellos no se respetaron "los criterios internacionales y regionales de las elecciones democráticas". Todo esto en el que lleva tiempo considerándose uno de los países más políticamente estables y económicamente pujantes del continente africano.

El mismo presidente actual, Uhuru Kenyatta, pidió perdón en 2015 en nombre de su partido y de su Gobierno por esa ola de violencia entre etnias que, concretamente a él, le llevó ante la Corte Penal Internacional como corresponsable de tal estallido de confrontaciones, aunque finalmente se archivó su causa por falta de pruebas.

Odinga ya acudió a los tribunales en 2013 para impugnar la victoria de Kenyatta, y aunque perdió todos los recursos, eso permitió que no se desatase una nueva oleada de violencia como en 2007. Sin embargo, tras las elecciones del pasado 8 de agosto, calificadas nuevamente de fraude por la coalición de Odinga, volvieron a producirse disturbios en diversos puntos del país que resultaron en decenas de víctimas mortales. Las cifras al respecto son dispares: la oposición cuenta 100 muertos, la Comisión Nacional para los Derechos Humanos de Kenia, 24; la Cruz Roja confirma 15 víctimas, y la única fuente oficial que se pronuncia al respecto, el comandante de la Policía de Nairobi, confirmó 10 muertos en la capital.

La historia de la democracia keniata desde la independencia del país en 1964 es en realidad la historia de una pugna entre dos familias, entre dos dinastías políticas que llevan décadas disputándose el poder: los Kenyatta y los Odinga. Los Kenyatta son considerados los fundadores de la nación. Uhuru es el tercer hijo de Jomo Kenyatta, un líder anticolonialista e independentista que se convirtió en el primer presidente del país y es conocido y venerado como el "padre" de esta nación africana.

Los Odinga, de la tribu Luo, provienen por su parte del que fue el primer vicepresidente del país, Jaramogi Odinga Odinga. Vinculado en un principio al partido de Jomo Kenyatta, que era partidario de un acercamiento a Occidente, Jaramogi Odinga rompió con este partido y fundó el suyo propio al poseer convicciones socialistas que le hacían preferir una aproximación con China y la Unión Soviética. Los Odinga han sido la eterna oposición a los Kenyatta, consiguiendo en ocasiones la vicepresidencia pero nunca la presidencia.

El componente tribal de la sociedad keniana es fundamental para comprender la organización política del país. La identidad tribal prima sobre el proyecto político de los partidos y de los candidatos, y los enfrentamientos entre etnias se desencadenan con gran facilidad tras las elecciones. El partido de Kenyatta, Jubilee, posee el apoyo de las dos tribus mayoritarias del país: la Kikuyu y la Kalenjin. La Súper Alianza Nacional de Odinga, por su parte, posee el respaldo de un amplio abanico de tribus minoritarias como es el caso de los Luo.

A sus 72 años, las pasadas elecciones constituían para Odinga su cuarto y último intento de alcanzar la presidencia de Kenia. Al igual que en 2007, su rechazo a los resultados de estos comicios provocó el estallido de enfrentamientos que se han saldado, de nuevo, con numerosas víctimas mortales. Odinga llamó a sus partidarios a secundar una huelga el pasado lunes por los "patriotas" fallecidos en estos disturbios. Un llamamiento que la población keniana, que subsiste con mayoritariamente menos de un euro al día, decidió ignorar tras una semana de total parálisis de la actividad laboral y económica.

Aunque el eterno líder de la oposición se haya decantado finalmente por acudir a los tribunales en lugar de proseguir con los disturbios en las calles, Odinga también advirtió que si el Tribunal Supremo no impugna los resultados y le declara vencedor de los comicios, las siguientes elecciones serían para él "una farsa", y por tanto la coalición opositora no volvería a participar en ellas. Así, Odinga deja claro que está dispuesto a contemplar otras vías.

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