La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció ayer que las fuerzas de seguridad venezolanas, supeditadas al Gobierno de Nicolás Maduro, han maltratado y torturado de forma generalizada, sistemática y arbitraria a los manifestantes y detenidos opositores en el transcurso de las manifestaciones antigubernamentales de los últimos meses.
"Hemos recibido informes creíbles de trato cruel, inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad a los detenidos, que podrían ser definidos en varios casos como tortura", declaró en una rueda de prensa la portavoz de este organismo, Ravina Shamdasani, añadiendo que estos hechos "no fueron casos aislados".
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos presentó estas conclusiones en un informe elaborado a partir de 135 entrevistas realizadas a distancia, concretamente desde Ginebra y Panamá, debido a que el Gobierno de Maduro se negó a permitir el acceso a Venezuela de este órgano de las Naciones Unidas.
Sus conclusiones evidencian que el aparato gubernamental ha aplicado un "patrón evidente" de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes opositores. Así, el documento señala principalmente a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional y los cuerpos de policía locales como autores de la mayor parte de estos abusos.
"Varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas" denunció el comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, quien también señaló que "la responsabilidad" de estos actos corresponde "a los más altos niveles del Gobierno" de Venezuela.
Los demoledores datos del informe incluyen un total de 124 muertes violentas, de las que 46 se produjeron a manos de las fuerzas de seguridad y 27 se atribuyen a los grupos paramilitares chavistas conocidos como 'colectivos'. Además, la ONU ha contabilizado hasta la fecha 2.000 heridos y 5.000 detenciones arbitrarias.
Entre las prácticas denunciadas por los testigos figuran choques eléctricos, palizas con cascos y porras a detenidos esposados, prácticas como colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados o asfixiarlos con gases, así como abusos sexuales y amenazas de muerte tanto a los detenidos como a sus familiares. Durante los disturbios, además, denuncian el uso por parte de las fuerzas de seguridad de cartuchos de gas lacrimógeno disparados a corta distancia y el empleo de canicas, perdigones, tuercas y tornillos como munición.
La Asamblea Nacional Constituyente celebró ayer una sesión en la misma cámara utilizada hasta el momento por el Parlamento venezolano, en manos de la oposición. Según denunció su presidente, el opositor Julio Borges, los agentes de la policía militarizada "forzaron las puertas" de la cámara por la noche y asaltaron el hemiciclo que ayer fue ocupado por los diputados constituyentes.
Durante el transcurso de la sesión, esta institución plenipotenciaria y exclusivamente chavista, acordó comenzar el debate sobre el proyecto de "Ley Constitucional de la Comisión para la Verdad y Paz", cuyo objetivo es investigar, perseguir y castigar a los opositores como responsables de la violencia registrada en las protestas contra el Gobierno.
Poco antes, los agentes de la Guardia Nacional Bolivariana impidieron la entrada a la cámara de los diputados opositores que pretendían celebrar una sesión.
Esta escalada de tensión en el país, así como la decidida apuesta autoritaria emprendida por el presidente Maduro, ha suscitado la reacción de la comunidad internacional y afectado la estabilidad política en América Latina. Ayer, diecisiete países americanos iniciaron en Lima (Perú) una reunión de urgencia para buscar una posición conjunta y propiciar una salida negociada a la crisis política y social en Venezuela. Tras esta reunión, que contará con fuertes y estrictas medidas de seguridad, se espera que los participantes emitan una resolución conjunta de rechazo a la Asamblea Constituyente y se pronuncien a favor del restablecimiento del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.
Las acusaciones de fraude electoral pesan sobre la Asamblea Constituyente, cuyas elecciones fueron denunciadas por la empresa a cargo del recuento de votos. Tres observadores españoles -Vicent Garcés (PSOE), Francisco Pérez (IU) y Vanessa Angustia) (En Marea)- salieron en su defensa y calificaron de "trasparente" y "pulcro" este proceso electoral.
